Exjueces recibirán su liquidación el 10 de diciembre

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha informado que el pago de la liquidación a los juzgadores cesados por la reforma judicial será el 10 de diciembre. Para cobrar la indemnización, los jueces y magistrados federales deberán presentarse con un testigo en la sede del OAJ en la avenida Revolución de Ciudad de México. El anuncio se ha vivido como un gran avance para estos trabajadores, que hasta hace unos días no sabían si iban a cobrar su liquidación, pero también ha generado dudas, sobre el riesgo de reunir a cientos de juzgadores en un mismo lugar o sobre qué criterios de antigüedad y salario van a utilizar para la indemnización. Ante estas preguntas, los juzgadores cesados mantienen su protesta para el miércoles.

¿Qué ocurrió?

El 1 de septiembre se hizo efectivo en el poder judicial mexicano. Tomaron posesión 800 juzgadores federales, que fueron electos en junio, y salieron los cientos que provenían de los escalones de la carrera judicial. Desde entonces, los cesados estaban esperando una indemnización que marca la Constitución. En el artículo décimo transitorio de la reforma judicial se incluyó que los magistrados y jueces "que concluyan su encargo por haber declinado su candidatura o no resultar electas por la ciudadanía para un nuevo periodo serán acreedoras al pago de un importe equivalente a tres meses de salario integrado y de veinte días de salario por cada año de servicio prestado, así como a las demás prestaciones a que tengan derecho".

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

En la tarde del lunes, el OAJ ha dado la información en un comunicado sobre este "pago único extraordinario". El Órgano, que nace del extinto Consejo de la Judicatura Federal, ha convocado a los jueces y magistrados cesados desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde en su edificio de Revolución. "Esta cita es un gran avance porque al inicio ni siquiera nos decían si nos iban a pagar, ahora ya tenemos confirmación y un día específico. La cuestión está en cómo nos van a pagar", apunta la jueza en retiro Marlen Ángeles.

Los trabajadores cesados plantean en primer lugar una cuestión de seguridad. "¿Por qué nos hacen ir a todos al mismo tiempo? En algún momento de nuestra carrera judicial, todos fuimos amenazados. ¿Cómo nos van a juntar a todos? ¿Nos van a ofrecer seguridad?", pregunta Ángeles. Los jueces y magistrados además se preguntan por qué el pago tiene que ser en persona y con un testigo, en vez de un medio electrónico a sus cuentas, en las que recibían el salario hasta hace dos meses. La figura, "indispensable", según el OAJ, de un testigo también preocupa a los juzgadores, especialmente por el costo que supone no solo trasladarse ellos hasta el edificio en Ciudad de México sino también a otra persona, desde Estados como Sinaloa, Sonora o Quintana Roo, por ejemplo, que están a más de 1.000 kilómetros de la capital. "Hay otras formas más fáciles de que nos paguen", concluye esta jueza federal.