Los mártires del carbón, 25 años de negligencia e indiferencia oficial

Extraer en zonas ya minadas de la región carbonífera de Coahuila, como en el caso de El Pinabete, cuyo derrumbe atrapó a 10 personas, ha cobrado su precio: en 25 años murieron 153 trabajadores. Son tragedias que pudieron evitarse porque las autoridades ya sabían que la zona es de alto riesgo, de acuerdo con la Cartografía Minera del Servicio Geológico Mexicano, que Proceso obtuvo vía transparencia. Este semanario ha realizado un seguimiento del drama de los obreros de las entrañas de la tierra, desde la fiebre de concesiones en los sexenios de Zedillo, Fox y Calderón, hasta la reactivación de la minería precaria, con López Obrador.

Hace 20 años, el 23 de enero de 2002, colapsó un pozo carbonero conocido como La Espuelita. El derrumbe de una pared, que contenía una zona minada con túneles llenos de agua, inundó el pocito donde trabajaban 13 mineros que ahí perdieron la vida. En la semana siguiente sus cuerpos fueron recuperados, mientras gobiernos y empresas expresaban condolencias y anunciaban un plan de ordenamiento minero.

Discursos y planes no funcionaron… excepto para un puñado de empresarios del carbón, muchos de ellos activos en la política, quienes han conseguido millones de pesos en contratos de proveeduría del mineral con la Comisión Federal de Electricidad (CFE para alimentar las dos carboeléctricas de Nava Coahuila, muy a pesar de que el propio gobierno de México tiene identificados como de alto riesgo los lugares donde se ubican numerosos pozos carboneros excavados en zonas minadas.

Es decir, numerosos pocitos carboneros con concesiones de la Secretaría de Economía, pretendidamente inspeccionados por la Secretaría del Trabajo, cuya producción compra la CFE, se establecieron con todos esos avales gubernamentales negligentes pese a la identificación que el Servicio Geológico Mexicano (SGM) ha establecido sobre el riesgo de los territorios minados.

En 2013 Proceso solicitó al SGM acceso a la Cartografía Minera (Solicitud 1010000 005813), que la reservó. La información fue pedida como parte del largo seguimiento que este semanario ha dado a la evolución de las concesiones por minerales por toda sustancia concesible, pero destacadamente a la minería del carbón, pues aquel año la Reforma Energética implicó también las autorizaciones para gas asociado al carbón mineral.

Después de un largo litigio en el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que incluyó sesiones largas de alegatos con la entonces comisionada ponente María Elena Pérez Jaén, la cartografía solicitada se abrió.

Ante los hechos de la mina El Pinabete, los mapas del SGM posibilitaron trazar la ruta de siniestros con víctimas fatales o lesiones de trabajadores que realiza la organización La Familia de Pasta de Conchos, agrupación que desde el accidente del que toma su nombre, ocurrido en 2006, acompaña a familias de víctimas de la minería del carbón e impulsa recursos jurídicos en exigencia de justicia.

El registro realizado permite establecer que los siniestros en La Espuelita, en 2002, y en El Pinabete, en 2022, tuvieron las mismas causas, y también que ambas están ubicadas en zonas de riesgo identificadas por el SGM.

Pero no es todo, hay un largo historial de accidentes que se remontan a 25 años en condiciones similares, con 153 víctimas fatales y decenas de heridos, sin considerar los 65 mineros y el rescatista fallecidos de Pasta de Conchos en 2006, ni los de minas de Altos Hornos de México, pues las causas de esos incidentes fueron distintas.

• Impulso en zona de riesgo

Progreso es vocablo frecuente en la región: así se llama uno de los cinco municipios que la integran, varias comunidades y hasta un pozo carbonero que en 1999 se siniestró, causando la muerte de 12 trabajadores.

Conforme a la Cartografía Minera, la región carbonífera de Coahuila es identificada como Cuenca de Sabinas, que se divide en subcuencas donde hay yacimientos de carbón y que, en el caso del pocito El Progreso, se ubicaba en la subcuenca Múzquiz.

En los dos años previos ya había avisos letales del riesgo por minar en zonas minadas: el pozo El Búfalo registró un accidente el 3 de marzo de 1997, que cobró la vida de dos trabajadores. En la cartografía es posible identificar El Búfalo en la subcuenca Esperanzas, mientras que en la subcuenca Barroterán, en una mina rudimentaria con el mismo nombre, perdió la vida un trabajador más.

El común denominador de esos accidentes y los 49 que les siguieron es que se ubican en zonas minadas identificadas en la Cartografía Minera con una celda roja, que es indicativa de alto riesgo.

En 2008, en el contexto de la aprobación de la reforma energética que impulsó el entonces presidente Felipe Calderón, el SGM inició una cuantificación minera de todo el país. Para 2012 la Carta Minera estaba totalmente integrada, identificando el potencial de yacimientos de todo mineral y sustancia concesibles, a partir de la cual se otorgaron los últimos títulos de concesión. Un reportaje titulado “Un alfil privatizador” fue publicados en la edición 1673 de Proceso, en noviembre de 2008.

Ahí se anticipó el proceso de cuantificación minera que, para el caso de la Reforma Petrolera del calderonismo, identificó los yacimientos susceptibles de explotar el gas asociado al carbón mineral. Y, sobre todo, sirvió de base para renovar títulos y repartir las últimas concesiones que resultaron en la entrega a compañías mineras de una dimensión de subsuelo equivalente a la mitad del territorio nacional, como acreditó este semanario en su edición 1905, del 4 de mayo de 2013.

En ese reportaje se documentó la manera en la cual, durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, se había incrementado exponencialmente la entrega de concesiones mineras. En el caso del gobierno de Fox, la dimensión de las concesiones para minería sumó 26 millones de hectáreas.

Entre los numerosos títulos expedidos ese sexenio, por ejemplo, está la concesión de la mina El Pinabete. Conforme al Registro Público de Minería, el título se expidió el 19 de noviembre de 2003 por 50 años, pero con base en la Cartografía Minera fue ratificado el 15 de noviembre de 2012, es decir, 15 días antes de que concluyera el sexenio.

La concesión con la cual operaba El Pinabete es emblemática del proceso de expansión minera que, en el caso de la Región Carbonífera, implicó que la Dirección General de Minas, de la Secretaría de Economía, autorizara los trabajos en el lugar, aun cuando la Cartografía Minera integrada por el SGM ya identificaba que ahí, como en otros casos, la zona estaba minada y los mapas la destacan como de alto riesgo.

Los accidentes continuaron en la región principalmente en zonas minadas donde se instalaron pocitos carboneros que, sin embargo, en la actual administración incrementaron su producción a partir de un anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 20 de octubre de 2020 cifró el progreso y la reactivación económica de la región precisamente en la compra de carbón a los poceros.

Entre las empresas contratadas por la CFE hay inclusive quienes explotan en minas viejas y, finalmente, están las cuevas carboneras, simples túneles sin elementales medidas de operación y seguridad que, en ocasiones, los llamados “pequeños productores” perforan en las paredes de tajos carboneros abandonados.

En cualquier caso, los “pequeños productores” tienen explotaciones mortales dedicadas a ganar millones de la CFE a cambio de venderles las migajas de las zonas minadas, sostiene Cristina Auerbach.

Finalmente advierte que el registro de 52 accidentes, con 153 muertos, debería ser suficiente para cancelar todas las concesiones que se ubican en esas zonas, pues, como los propios funcionarios han dicho respecto a El Pinabete, no hay planos para identificar túneles en desuso en las zonas minadas.