Jueza niega libertad anticipada a Duarte

Javier Duarte al momento de su detención en Guatemala, en 2017.

La jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la solicitud de libertad anticipada presentada por el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien deberá cumplir íntegramente la sentencia de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero. La resolución implica que Duarte permanecerá en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, fecha en que concluye su condena. La juzgadora determinó que el exmandatario no cumple con el requisito de buena conducta requerido por la ley para acceder al beneficio de preliberación.

La defensa de Duarte, encabezada por el abogado Pablo Campuzano, argumentó que el político ya había cumplido más del 70% de su sentencia e incluso alcanzado el 95%, lo que lo hacía elegible para el beneficio. Sin embargo, la Fiscalía General de la República presentó evidencia para acreditar que el comportamiento del priista distaba de ser ejemplar, pese a los testimonios a su favor presentados por personal del propio penal.

¿Qué ocurrió?

La audiencia para resolver su liberación se llevó a cabo en varias sesiones, marcadas por aplazamientos y ajustes de última hora. El proceso inició el 3 de noviembre y tuvo una serie de cambios en el calendario, debido principalmente a la disponibilidad de testigos de la FGR. Fue hasta este viernes cuando la jueza Zamorano, recién llegada al cargo tras la elección judicial de junio, emitió su resolución definitiva.

Durante las comparecencias, fiscales de Veracruz relataron diversas irregularidades atribuídas a Duarte dentro del penal, como la posesión de objetos prohibidos —entre ellos una pluma con cámara, un celular y un televisor— y tácticas dilatorias en otros juicios en su contra. En contraste, los testigos de la defensa aseguraron que el exgobernador mantenía buena conducta y colaboraba con el personal penitenciario.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La discusión sobre su posible libertad anticipada había generado un intenso debate público, dado que Duarte se convirtió en uno de los símbolos más representativos de la corrupción del PRI durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su caso marcó el deterioro de la imagen del llamado "nuevo PRI", que prometía renovación y terminó hundido en múltiples escándalos de desvío de recursos en varios estados.

El exgobernador fue detenido en 2017 en Guatemala, tras fugarse meses antes de concluir su mandato y en medio de señalamientos por el uso de empresas fantasma, testaferros y el desvío de miles de millones de pesos. Aunque fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión, diversas investigaciones periodísticas y auditorías han documentado que el saqueo en su administración fue mucho mayor al que se logró acreditar judicialmente.

Duarte confiaba en obtener la libertad anticipada, al grado de que, según reportes, sus compañeros de reclusión le organizaron una despedida y él repartió pertenencias personales. Sin embargo, la resolución de la jueza Zamorano frena por completo su salida anticipada y confirma que deberá permanecer en prisión hasta concluir su condena en 2026.