CEDHJ señala deficiencias en desapariciones de Jalisco

Falta de coordinación entre dependencias, agentes municipales involucrados en desapariciones y dilaciones de hasta 9 años en la entrega de cadáveres, son algunas de las deficiencias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) señaló en su recomendación 13/25.

En el documento se concentran 50 quejas relacionadas con la desaparición de 52 personas, ocurridas entre 2015 y 2023 en 13 municipios del Estado; se trata de siete mujeres y 45 varones. De estas víctimas 11 fueron localizadas sin vida, es decir, 41 permanecen sin localizar.

Las autoridades a quienes apela el documento son la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas (VEPD), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Comisión de Búsqueda de Personas Jalisco (COBUPEJ) y los Ayuntamientos de Sayula y Tomatlán.

Un análisis hecho por MURAL de las 50 quejas identificó que una de las omisiones que se repite en la mayoría de los casos, es la falta de comunicación entre dependencias; es decir la VEPD suele no informar a la COBUPEJ sobre las desapariciones que les denuncian, así como tampoco se apoya en la Comisión Ejecutiva Estatal de Apoyo a Víctimas. Tampoco hay un vínculo efectivo entre la VEPD y el IJCF.

Además, no solicita en tiempo y forma materiales vitales para la búsqueda, como sábanas de llamadas o imágenes del C5.

También se señala que las dilaciones en las investigaciones se evidencian en el hecho de que se entrega a familiares la misma información una y otra vez, por lo que no se evidencian avances reales.

Respecto a casos particulares, destaca la queja 1966/2021/I, que recoge la narración de una mujer que reclama que su hermano desapareció el 15 de septiembre de 2015, en Tlajomulco, y que la falta de actuar de las autoridades la llevó a realizar una investigación propia, en la que se puso en riesgo.

Señala además, que no fue hasta junio de 2022 que su familia fue llamada para tomarles las muestras de ADN, para finalmente ser citada de nuevo hasta el 30 de abril de 2024. En esa fecha le informaron que el cadáver de su hermano estaba en la morgue metropolitana desde octubre de 2015, es decir, el cuerpo estuvo casi 9 años bajo resguardo del IJCF, a pesar de que había una búsqueda activa.

Otro caso importante se recoge en la queja 3825/2022, en el que se señala a tres policías municipales de Sayula de estar involucrados en la desaparición de una persona. Se relata que el 9 de octubre de 2020 la víctima tuvo un problema con una vecina, quien llamó al 911.

Tres agentes y dos personas vestidas de civil llegaron al domicilio de la reportante y se llevaron esposada a la víctima. Según la queja, la misma mujer que reportó, identificó a los agentes como los captores de su vecino, sin embargo, no existe registro de la detención y desde entonces no se sabe nada de él.

Otro caso que evidencia omisiones graves es el 7372/2021/I, que señala a la Comisaría y el Ayuntamiento de Tomatlán por no dar parte a la Fiscalía de la desaparición forzada de un policía activo de ese Municipio.

Según explica la pareja de la víctima, sujetos armados se llevaron al agente de su domicilio el 9 de septiembre de 2022. Rápidamente, la mujer informó lo ocurrido a la corporación policíaca y a la Alcaldía, pero la denuncia no fue puesta sino hasta el 20 de septiembre, cuando ella misma acudió a la VEPD y fue hasta entonces que se abrió una carpeta de investigación.

De acuerdo con la recomendación de la CEDHJ, las dilaciones y omisiones de las autoridades prolongan el dolor de las víctimas indirectas de desaparición forzada y vulneran su derecho a la verdad, a la legalidad y a la seguridad jurídica.