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Enturbia pugna por Aguascalientes

Tensión preelectoral en nueva arena de confrontación en un contrato millonario

Aguascalientes 

Vista satelital del parque fotovoltaico de Aguascalientes, convertido ahora en arena de pugnas.Enturbia pugna por Aguascalientes

El contrato permanece vigente y es parte de una denuncia penal que las candidatas a la gubernatura Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano, y Martha Márquez, de la alianza entre el Partido del Trabajo y el Partido Verde, presentaron en distintos momentos ante la Fiscalía estatal Anticorrupción contra Teresa Jiménez, expresidenta municipal panista y actual candidata a la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD.

Pero la historia de la relación entre la empresa y gobiernos, como la que encabezó la actual candidata panista, es más larga y abarca a otras administraciones, como la de Baja California, en condiciones igualmente enrevesadas, caso que ya alcanzó al mismo exgobernador Jaime Bonilla.

Meses después del contrato que consiguió en Aguascalientes, el consorcio obtuvo otros de largo plazo en Baja California y Nuevo León para generar energía renovable. En las tres entidades la contratación fue cuestionada por la falta de transparencia, de regulación y de resultados, además de ampliaciones multimillonarias y el empeño de participaciones federales.

En Baja California el contrato con Next Energy de México –filial de Next Energy del Centro–, aprobado en julio de 2020 para construir una planta fotovoltaica en Mexicali, causó cuestionamientos al exgobernador morenista Jaime Bonilla por parte del gobierno de su sucesora, Marina del Pilar Ávila.

Entre los motivos de esos cuestionamientos está la falta de permisos para comercializar energía y de la autorización de Impacto Ambiental, luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideró, en abril último que la planta podría "propiciar que una o más especies de flora y fauna fueran declaradas amenazadas", así como un daño patrimonial que alcanzaría 12 mil millones de pesos, aunque de inicio el costo era de 2 mil millones.

Ese escenario llevó a que la nueva administración estatal cancelara el proyecto y se iniciara un pleito legal contra Banco Afirme, fiduciario de Next Energy de México, que actualmente está obligado a regresar 123 millones de pesos que el gobierno de ese estado pagó sin que la empresa ofreciera sus servicios. El contrato comprometía 19.5% de las participaciones federales de la entidad durante 30 años.



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