Van a juicio por abuso de la prisión preventiva

Daniel García y Reyes Alpízar se levantan con cuidado el bajo del pantalón y ahí, en cada tobillo izquierdo, sobresale atado un brazalete negro.

Es el grillete electrónico que controla que no salgan del Estado de México y el que ha impedido que acudan este viernes a su propia audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Brasilia. García y Alpízar pasaron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, acusados del homicidio de la regidora panista, María de los Ángeles Tamés en 2001. Un crimen, repiten, que no cometieron.

Su caso contiene la amalgama completa de violaciones a los derechos humanos: fueron detenidos sin orden judicial, torturados, procesados con pruebas fabricadas, sus familias fueron arrestadas y amenazadas; ahora se enfrentan contra el Estado Mexicano en el alto tribunal internacional, y el choque ya ha movido algunas piezas en el país.

A su sombra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado que va a discutir la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Esta figura, recogida en el artículo 19 de la Constitución, permite enviar a la cárcel de forma autómatica a los acusados de una serie de delitos graves, que van desde el homicidio hasta el robo a casa habitación, en la fase preliminar de la investigación.

En México, cuatro de cada 10 personas están tras las rejas bajo el principio preventivo, en total más de 90.000, según datos de la Secretaría de Seguridad.

El caso de García y Alpízar es ahora un ariete contra esta criticada figura. Si la CIDH se pronuncia a su favor puede obligar a México a reformar su Constitución. Esa sería —dicen los dos hombres— la verdadera recompensa a 20 años de “horrores y terrores”.

A las 11 de la mañana del 25 de octubre de 2002, Reyes Alpízar esperaba el autobús para ir a cuidar a su madre, enferma de alzhéimer. Han pasado dos décadas y este artesano mexicano no ha olvidado un detalle de la mañana en la que ya no pudo regresar a casa.

Relata con precisión el color y la marca de los coches que llegaron a por él, los policías que lo acorralaron, encañonaron, tiraron al suelo —”¿es un asalto o un secuestro?”, pensó—, también los primeros golpes y el nombre de las calles donde lo tuvieron esperando; recuerda la playera blanca tipo chemise de los agentes uniformados de la PGR, al señor con traje azul y anillos en los dedos que se llevó su documentación, el atropello de amenazas: “¿Cuántos balazos le metiste? No te hagas pendejo.

• Me vas a cantar hasta las mañanitas. Vas a confesar hasta las canicas que te robaste de pequeño”.

Alpízar es un hombre altísimo, de pies y manos grandes. Este jueves va vestido con camisa de cuadritos y jeans oscuros. Sonríe siempre amable. Lo acompañan su esposa, Guillermina, y algunas de sus hijas.

Al llegar al ascensor de la torre donde vive Daniel García, Reyes se estremece un poco. “La primera vez que vine aquí me dio mucha impresión. El elevador y los colores se parecen mucho a los de la subprocuraduría”.

En el sótano que esa dependencia tiene en Tlanepantla, este mexicano fue interrogado y torturado brutalmente durante tres días en 2002.

“Todos los agentes querían darme algún golpe, eran 20 o 25?, dice, y enumera: patadas en las costillas, ahogamientos, descargas eléctricas, quemaduras y asfixia con bolsas de plástico.

“Lo de los bolsazos es lo más canijo”, confiesa, “la desesperación cuando se te pega la bolsa a la cara es muy cabrona, tratas de morderla, el cuerpo se rebela, y ellos te empiezan a pegar, te pisan los pies. Oyes las risas a lo lejos.

Estás aquí y estás muy lejos”. En varios momentos Alpízar cayó inconsciente, también tuvieron que llevarlo al hospital a causa de las heridas, de las que todavía guarda secuelas.

“Llegó un punto que no pude más. Me hicieron firmar documentos que yo desconocía su contenido”, relata.

En esos textos, Reyes Alpízar acusaba a Daniel García, a quien no conocía entonces, de haber pagado 300.000 pesos para encargar el asesinato de la regidora. Con esa firma torturada los ataba a ambos a la cárcel.

UN ASESINATO SIN ASESINO

A María de los Ángeles Tamés la mataron de cinco disparos en la puerta de su casa en septiembre de 2001. Unos meses más tarde, el 25 de febrero de 2002, la Fiscalía del Estado de México detuvo a Antonio Domínguez, alcalde de Atizapán de Zaragoza, y a Daniel García, su secretario.

Los acusaba de haber mandado asesinar a su propia regidora, porque ésta iba a desvelar una presunta trama de corrupción en el consistorio.

“Me quisieron obligar a firmar unas declaraciones autoinculpatorias, y que señalaban al presidente municipal y a un senador del PAN. Me negué. Y me dijeron: ‘Si no firmas, vamos a detener familiares tuyos, y vamos a llegar a uno que te va a doler más que otro”, relata García a EL PAÍS. Arrestaron a su padre, a su hijo, a su hermano y a cuatro primos. Más adelante tuvieron que dejarlos en libertad a todos por falta de pruebas. García enmarca esta estrategia en un momento político en el que el PRI, que había estado décadas ininterrumpidas en el poder, se lanzó a perseguir a los políticos de otros partidos.

 

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