Choca AMLO con Corte por la prisión preventiva

Ciudad de México.- La propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa está en el centro de un nuevo choque entre Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. El presidente no ve con buenos ojos que se declare inconstitucional utilizar el encarcelamiento para evitar el riesgo de fuga.

“La esencia es que se busque impunidad y corrupción”

“La esencia es que se busque impunidad y corrupción”, ha dicho el titular del Ejecutivo en su conferencia de prensa de este miércoles. Está previsto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la validez de esta medida cautelar el próximo mes de septiembre.

PROYECTO

En su proyecto, el ministro Luis María Aguilar asegura que los encarcelamientos de oficio no se pueden aplicar de forma automática porque violan los principios jurídicos de presunción de inocencia y proporcionalidad de las sanciones.

La decisión que tome el máximo tribunal puede ser determinante tanto en el terreno de los derechos humanos como en las estrategias de procuración e impartición de justicia y prevención del delito en México.

“La prisión preventiva constituye una medida excepcional y no puede ser la regla general, es decir, debe ser inusual y utilizarse sólo de manera insólita”, plantea Aguilar en el texto que se discutirá en el pleno de la Corte.

El ministro pone en la mira una reforma que se aprobó en el Congreso en 2019 que amplia el catálogo de delitos por los que se puede encarcelar a una persona para evitar el riesgo de fuga y alega que contemplar esta medida para más delitos choca con artículos de la Constitución que consagran los derechos humanos y el respeto a la libertad de los ciudadanos.

La reforma al artículo 19, que rige cuando se puede aplicar la prisión de oficio, establece que una persona puede ir a la cárcel de forma automática cuando es acusada de delitos como violencia sexual, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, secuestro y trata de personas.

Entre otros, en ese catálogo de delitos graves también están el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, robo a casa habitación, a transporte de carga y de combustible, lo que coloquialmente se conoce como huachicoleo.

También hubo modificaciones en el Código Penal y Fiscal, el Código de Procedimientos Penales y la Ley de Seguridad Nacional en concordancia con esa ampliación del catálogo de delitos graves.

El problema que identifica Aguilar es que se abusa del encarcelamiento de los acusados como medida de prevención del delito, lo que hace que muchas personas estén en la cárcel durante años antes de ir a juicio y, en su caso, recibir una sentencia.

En esencia, son privadas de la libertad antes de que se compruebe si son culpables o no, lo que en la opinión del ministro va contra los derechos humanos.

Cuatro de cada diez personas tras las rejas en México están en la cárcel bajo el principio de prisión preventiva, casi 92.600, según el Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria que publicó la Secretaría de Seguridad en junio de 2022. La mayoría de esas personas, sostiene el ministro, están en condiciones de vulnerabilidad y no tuvieron acceso a una defensa adecuada.

Además del proyecto de Aguilar, hay otro elaborado por la ministra Norma Lucía Piña sobre un amparo en revisión y que también está relacionado con la prisión preventiva oficiosa.

Es probable que los proyectos se analicen en conjunto en los próximos días. Organizaciones de la sociedad civil han denunciado durante años que la prisión preventiva no debe utilizarse de facto como una medida punitiva y han insistido en que las autoridades deben encontrar otros mecanismos para evitar fugas y reincidencia de los criminales. La discusión se intensificó en esos últimos años que se aprobó el nuevo sistema penal acusatorio y en los que comenzó su aplicación.