Avalan acuerdo de AMLO sobre militares en calles

CIUDAD DE MÉXICO.-La Suprema Corte de Justicia avaló el Acuerdo dictado en mayo de 2020 por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar a las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2024.

 Por amplia mayoría, el Pleno de la Corte rechazó una controversia promovida por la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, quien alegó que el Ejecutivo invadió atribuciones del Congreso y no fundó ni motivó debidamente su Acuerdo.

 El Ejecutivo expidió el Acuerdo en uso de una facultad que le confirió el quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo de 2019, que creó a la Guardia Nacional (GN), para usar a los militares en funciones policiacas, pero sólo mientras se consolidaba dicho cuerpo policiaco, en teoría civil, que a estas alturas se ha convertido en un apéndice del Ejercito.

 El Presidente Arturo Zaldívar recordó que esta fue la primera vez que la Constitución previó la participación militar, pues desde la década de los 90 su despliegue en seguridad pública se hizo por la vía de los hechos, sin fundamento jurídico sólido.

 La Constitución advirtió que el uso de las Fuerzas Armadas debía ser "extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario" con la GN, y Zaldívar aclaró que la Corte no estaba resolviendo sobre la militarización, sino sólo sobre la forma en que el Ejecutivo aterrizó el mandato de la Carta Magna para enfrentar la capacidad bélica "sin precedentes" de la delincuencia organizada.

 Luego de la reforma reciente al quinto transitorio, que extendió hasta 2028 el "permiso" para usar a soldados y marinos en seguridad pública, es previsible que en 2024 el Ejecutivo tendrá que renovar su Acuerdo, de ahí la importancia de la discusión en la Corte.

 La mayoría de los ministros sostuvo que la Constitución no requirió alguna ley para instrumentar la participación de las Fuerzas Armadas, sino que facultó directamente al Ejecutivo, por lo que no se invadieron atribuciones del Congreso.

 Margarita Rios-Farjat, autora del proyecto, enfatizó que López Obrador fue autorizado a expedir este Acuerdo "en sede absolutamente democrática", rechazó que dicho documento sea la fuente "del llamado militarismo", y pidió no politizar un tema tan delicado para el País.

 La autorización constitucional al Presidente no fue para que el uso de las Fuerzas Armadas sea "de manera esporádica", agregó Javier Laynez, pues se consideró necesario durante el tiempo que tome consolidar la GN.

 Destacó que hay varias leyes que regulan la actuación de las Fuerzas Armadas y que el Acuerdo Presidencial sólo ordena que participen en seguridad pública, remitiendo a dichas leyes.

 "La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia ante los niveles intolerables de criminalidad", dijo Yasmin Esquivel al apoyar el proyecto.

 Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez y Norma Piña matizaron que el único tema que se podría revisar en esta controversia es la invasión a atribuciones del Congreso, misma que, a su juicio, no existió.

 "Nada en el decreto impide que el Legislativo ejerza sus funciones en esta materia", explicó Gutiérrez.

 Advierten que militares reemplazan a GN

 La minoría que voto en contra sostuvo que el Acuerdo Presidencial es demasiado escueto y deja totalmente abierta la actuación militar en tareas policiacas.

 Luis María Aguilar consideró que el Acuerdo carece de la motivación necesaria, pues prácticamente se asignaron a los militares todas las funciones de la Ley de la GN.

 "Esto puede dar pie a que las FA participen prácticamente en cualquier tipo de actividad que se encuentre relacionada con la seguridad pública, lo cual considero que no es adecuado, pues la participación de las FA en funciones de seguridad pública debe caracterizarse por ser excepcional", afirmo.

 "Se debió justificar plenamente y de forma clara por qué se consideraba que la participación de las FA cumplía con los requisitos de ser extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria, lo cual a mi parecer no se hizo", agregó Aguilar.

 Juan Luis González Alcántara advirtió que el acuerdo permite a las FA "suplir absolutamente" a la GN en el ejercicio de sus funciones, incluso en temas tan genéricos como prevenir el delito y hasta las infracciones administrativas.

 "Desde 1857, el Constituyente ha sido consistente en su rechazo a convertir al Estado Mexicano en un Estado cuartel", afirmó recordando que la Carta Magna es estricta al limitar la actividad militar.

 Alberto Pérez Dayan sólo pidió invalidar una porción del Acuerdo, que remite a fracciones de la Ley de la GN, porque da a las militares funciones estrictamente policiacas, como cateos e investigación de delitos.

 "Las FA no pueden ni deben estar directamente a cargo de tales funciones", advirtió al recordar que la Constitución reserva la investigación de delitos a fiscales y policías.

 Cabe mencionar que al menos dos tribunales federales han declarado inconstitucional este Acuerdo, pero en amparos de organizaciones de derechos humanos que no pueden tener el efecto de invalidarlo.

 La Corte tiene pendiente resolver sobre varias reformas de este tema, incluida, desde hace mas de tres años, la Ley de la GN, la reciente reforma para traspasarla a la Sedena, y la transferencia del control de los puertos a la Marina, entre otras.

CÓMO VOTARON

 Es válido el acuerdo presidencial 

•  Rios-Farjat, Zaldívar, Gutiérrez, Ortiz, Esquivel, Laynez, Pardo, Piña.

 Válido el acuerdo, pero por nulidad parcial

•  Pérez Dayan.

 En contra

•  Aguilar, Alcántara.