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Rastrean cuentas de Angélica Rivera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz Angélica Rivera

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) rastreó las cuentas de la actriz Angélica Rivera, como parte de la investigación sobre las operaciones y situación patrimonial de su ex esposo, el ex Presidente priista Enrique Peña Nieto.

Rastrean cuentas de Angélica Rivera
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La investigación de la UIF, a la que REFORMA tuvo acceso, revela que "La Gaviota" y familiares directos de la ex Primera Dama utilizaron al menos tres tarjetas de crédito American Express con las que acumularon retiros y pagos por 112.5 millones de pesos de 2013 a 2019.

  • En una de las tarjetas, Rivera "consumió" 10.4 millones de pesos del 2013 a 2017.
  • En otra tarjeta, Adriana Rivera, hermana de "La Gaviota", realizó retiros por 27.9 millones de pesos entre 2017 y 2019.
  • Adriana Rivera está ligada con la empresa organizadora de eventos Actidea, que en 2016, durante la Administración de Peña, habría recibido contratos gubernamentales por más de 500 millones de pesos.
  • En febrero de 2017, las hermanas adquirieron un inmueble con valor de 775 mil pesos.
  • Adriana emitió al menos dos cheques por 530 mil y 1.5 millones de pesos en diciembre de 2018 y octubre de 2016, respectivamente.

El destino de esos cheques, según las investigaciones de la UIF, fue la empresa "Eolo Plus", filial de Grupo Higa, contratista que se benefició con obras millonarias durante el Gobierno de Peña Nieto.

  • En otra American Express, Maritza Rivera y Elisa Rivera -o Elisa Moretto Rivera-, también hermanas de la ex Primera Dama, tuvieron consumos acumulados por 75.1 millones.
  • Entre los beneficiarios de los retiros de esta última tarjeta aparece Alberto Espinosa Rivera, hijo de Maritza Rivera -quien fue representante de Angélica- y sobrino de "La Gaviota".

En el ojo del huracán

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En 2014, Angélica Rivera se puso en el ojo del huracán tras destaparse que dos años antes compró a Grupo Higa una mansión valuada en 54 millones de pesos.

Tras una rápida investigación, la Función Pública determinó que no hubo conflicto de interés.



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