Trinidad y Tobago permitirá uso de aeropuertos a EE. UU.

El gobierno de Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá a fuerzas estadounidenses utilizar sus aeropuertos en las próximas semanas, en medio del aumento de tensiones entre Washington y Caracas. La decisión se produce luego de que Estados Unidos instalara un sistema de radar en el aeropuerto de Tobago, que según el gobierno caribeño se empleará únicamente para combatir el crimen local y no para lanzar ataques contra otros países.

Detalles sobre el uso de aeropuertos por fuerzas estadounidenses

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago indicó que los aeropuertos se usarán para actividades logísticas, incluyendo reabastecimiento de suministros y rotación rutinaria de personal militar estadounidense. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar ha respaldado previamente operaciones estadounidenses contra presuntas embarcaciones de drogas en la región.

Impacto de la decisión en las relaciones con Venezuela

Horas después del anuncio, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez anunció la cancelación inmediata de cualquier acuerdo para suministrar gas natural a Trinidad y Tobago. Rodríguez acusó al gobierno trinitense de facilitar la intervención estadounidense, calificando la instalación del radar como un acto de "portaaviones estadounidense" y denunciando una supuesta agenda hostil contra Venezuela.

El acuerdo previo entre ambos países para desarrollar un campo de gas en aguas venezolanas se encuentra ahora en riesgo. Venezuela había otorgado licencias a Shell y Trinidad y Tobago para producir gas del campo, mientras Estados Unidos permitió a la nación caribeña negociar sin enfrentar sanciones. Políticos locales, como el senador de oposición Amery Browne, criticaron al gobierno, señalando que la medida acerca al país a convertirse en un "estado satélite" de Washington.

Reacciones de políticos y autoridades locales

Los movimientos militares de Estados Unidos en la región se han intensificado desde septiembre, incluyendo ataques a embarcaciones y el despliegue de su flota de guerra en el Caribe y el Pacífico oriental. Legisladores estadounidenses han cuestionado la legalidad de estas operaciones y anunciaron que se realizará una revisión congresional, en un contexto de creciente presión sobre Venezuela y sus vecinos en la región.