Primer caso formal contra EE.UU. por bombardeos
La denuncia señala más de 80 muertes desde que inició la estrategia de interdicción
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una ceremonia que conmemora el noveno aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Bogotá, Colombia.
La familia de Alejandro Carranza Medina, un colombiano presuntamente muerto en aguas del Caribe tras un ataque militar estadounidense, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso marca la primera acusación formal contra Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales relacionadas con la reciente estrategia de interdicción antidrogas implementada en la región.
¿Qué ocurrió con Alejandro Carranza Medina?
La CIDH, órgano autónomo de la OEA, puede emitir recomendaciones, pero no decisiones vinculantes, dado que Washington no reconoce la jurisdicción del tribunal asociado. El abogado estadounidense Daniel Kovalik, representante de la familia, explicó que recurrieron a la CIDH debido a que una demanda en tribunales de Estados Unidos enfrentaría mayores obstáculos legales. Afirmó confiar en que una resolución favorable, acompañada de presión pública, pueda derivar en una compensación y en el fin de los ataques letales en el Caribe.
Detalles sobre la denuncia ante la CIDH
Desde septiembre, más de 80 personas han muerto en bombardeos a embarcaciones señaladas por Estados Unidos de transportar drogas. La denuncia presentada por la familia de Carranza Medina representa un llamado a la comunidad internacional sobre la gravedad de la situación en la región y la necesidad de una revisión de las políticas de interdicción.
Impacto de la estrategia antidrogas en el Caribe
La estrategia de interdicción antidrogas ha generado un aumento significativo en los ataques militares, lo que ha llevado a la pérdida de vidas inocentes. La familia de Carranza Medina espera que su denuncia ante la CIDH sirva como un precedente para futuras acciones legales y para la protección de los derechos humanos en la región.