Piden a la ONU convocar a sesión extraordinaria sobre Venezuela

Activistas y distintas organizaciones civiles como Artículo 19 México y Centroamérica, Casa del Migrante Saltillo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre otros, condenaron la intervención militar y los ataques perpetrados por el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

¿Qué declararon las organizaciones civiles sobre la intervención?

En un posicionamiento, llamaron a la ONU a convocar una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y promover una verificación independiente de los hechos y a la comunidad internacional y a los cuerpos diplomáticos, a condenar la agresión y activar mecanismos de diálogo y mediación. "La guerra no es una salida. La defensa de la vida, la paz regional, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario deben prevalecer sobre cualquier interés geopolítico", resaltaron.

Acciones de la ONU ante la agresión militar en Venezuela

Señalaron que la incursión militar de la Unión Americana en Venezuela representan una grave violación al Derecho Internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no intervención. "Las operaciones militares registradas en la madrugada del 3 de enero representan una agresión unilateral que pone en riesgo directo a la población civil, profundiza la inestabilidad regional y sienta un precedente alarmante para América Latina. El uso de la fuerza no puede ser un mecanismo legítimo para resolver disputas políticas, económicas o diplomáticas, ni para apropiarse por la fuerza de los recursos de otro país, siendo una amenaza seriamente para la paz regional", agregaron.

Impacto de la intervención militar en la población civil

Las ONG exigieron el cese inmediato de toda acción armada y el respeto irrestricto al derecho internacional, al tiempo que externaron su preocupación por las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano, ampliamente documentadas por mecanismos de las Naciones Unidas, las cuales deben ser atendidas mediante vías pacíficas, con rendición de cuentas y garantías de verdad, justicia y reparación.