Consejo de Europa evalúa cambios en protecciones migratorias

BRUSELAS

Los líderes europeos acordaron el miércoles considerar cambios que, según activistas, debilitarían las protecciones para los migrantes que han sustentado la ley europea desde la Segunda Guerra Mundial.

El consenso se consolidó a medida que los partidos políticos de corriente principal en toda Europa han adoptado políticas migratorias más estrictas como una forma de frenar el impulso de los políticos de extrema derecha que explotan el descontento por la inmigración, a pesar de que las cruces ilegales de fronteras están disminuyendo.

¿Qué cambios se proponen en las protecciones migratorias?

Los miembros de los 46 países que conforman el Consejo de Europa reconocieron los "desafíos" que plantea la migración, al tiempo que reafirmaron su respeto por el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, declaró el secretario general del consejo, Alain Berset, a los periodistas después de las discusiones en Estrasburgo, Francia.

Berset describió el convenio de 75 años como un "instrumento vivo". Mientras las naciones reafirmaron su compromiso con los derechos y libertades del convenio, también reconocieron la responsabilidad de los países de "salvaguardar intereses vitales nacionales como la seguridad".

El convenio y la corte, que maneja quejas contra el consejo, han sido criticados por algunos estados miembros incluidos Italia, Dinamarca y el Reino Unido. Argumentan que están demasiado limitados en cuanto a lo que pueden hacer para abordar la migración ilegal y deportar a los migrantes que cometen delitos.

Acciones del Consejo de Europa sobre la migración

Los ministros de los 46 países comenzarán ahora a debatir una declaración política sobre migración que se adoptará en mayo y una nueva recomendación para disuadir el tráfico de personas, agregó Berset.

El consejo, que no es una institución de la Unión Europea, fue establecido tras la Segunda Guerra Mundial para promover la paz y la democracia.

Discusiones sobre la necesidad de reformar o reinterpretar el convenio en relación con los migrantes comenzaron el año pasado después de que nueve naciones firmaron una carta intentando reducir el poder de la corte, el brazo legal independiente del consejo.

El grupo de naciones argumentó que la interpretación de los derechos y obligaciones por parte de la corte les impedía expulsar a los migrantes que cometen delitos y mantener sus países seguros. Berset defendió la independencia de la corte en ese momento, pero el apoyo a una postura más dura solo ha crecido.

Reacciones a las políticas migratorias en Europa

Mientras Berset buscaba minimizar la división, 27 naciones firmaron una declaración separada el miércoles pidiendo una interpretación menos restrictiva de la ley, haciendo eco de los argumentos presentados el año pasado.

"Se debe encontrar un equilibrio adecuado entre los derechos e intereses individuales de los migrantes y los importantes intereses públicos de defender la libertad y la seguridad en nuestras sociedades", dice.

Andrew Forde, cofundador del grupo AGORA de académicos, investigadores y abogados, indicó que las conclusiones del miércoles y la declaración firmada por dos tercios de los miembros mostraron claramente que la mayoría de los gobiernos apoyaban una comprensión más conservadora del convenio basada en el interés político.

"Por primera vez en la historia del Consejo de Europa, los estados miembros han señalado a un grupo específico de personas a las que quieren otorgar menos protección de derechos", señaló Forde, quien anteriormente trabajó para el consejo.

Mientras tanto, los primeros ministros de Dinamarca y el Reino Unido publicaron un artículo de opinión en el periódico The Guardian pidiendo el endurecimiento de los controles migratorios para negar la entrada a aquellos que buscan mejores oportunidades económicas.

"La mejor manera de luchar contra las fuerzas del odio y la división es demostrar que la política progresista y de corriente principal puede resolver este problema", escribieron Mette Frederiksen y Keir Starmer.

Por separado, en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló con ministros de las 27 naciones de la UE y se comprometió a desmantelar las redes de tráfico que traen personas ilegalmente al bloque.

"Nuestro objetivo es simple. Queremos arruinar sus negocios por todos los medios disponibles", sostuvo von der Leyen en un evento que marcó el segundo aniversario de la Alianza Global liderada por la UE para Contrarrestar el Tráfico de Migrantes.

Mientras la migración está alta en la agenda política, las cruces irregulares de fronteras hacia la UE disminuyeron un 22% de enero a octubre de este año en comparación con el mismo período del año pasado, según Frontex, la agencia de guardia de fronteras y costas de la UE. La agencia registró 152.000 cruces fronterizos no autorizados en los primeros 10 meses del año.

La mayor parte de la migración a Europa ocurre legalmente, mediante personas que llegan con visas y luego se quedan.

La UE ha gastado miles de millones de euros (dólares) para disuadir la migración ilegal, pagando a países en África y el Oriente Medio para interceptar a los migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo y el Atlántico.

Al mismo tiempo, las naciones europeas que enfrentan escasez de mano de obra y una población envejecida han estado invirtiendo en programas para atraer y capacitar a trabajadores extranjeros.