Buscan aumentar inclusión financiera de mujeres y Mipymes

Foto:El Universal.

El Consejo Nacional de Inclusión Financiera, conformado por la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre otros organismos, presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030, que se enfoca en la atención a mujeres, grupos vulnerables y Mipymes.

El objetivo es "que las personas y las empresas cuenten con un sistema financiero accesible, inclusivo y seguro, y hagan uso de productos y servicios financieros formales y útiles, que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida e impulsen su desarrollo y crecimiento."

"Que las mujeres, las poblaciones que habían sido históricamente excluidas y las empresas de menor tamaño participen plenamente en los beneficios del sistema", se indica en el objetivo general del documento.

¿Cuáles son las metas de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030?

El nuevo plan de inclusión financiera de México se enfoca en expandir el acceso a productos y servicios para la población y las empresas, impulsando la digitalización y la previsión social. La meta es que 83% de la población tenga al menos un producto financiero, subiendo desde el actual 78.1%.

En el ámbito del crédito, se proyecta que el 30% de las MiPymes cuenten con crédito activo, subiendo del 25.3%, y que el 7% de la población tenga un crédito de vivienda, desde el 5.2%. Para la digitalización de pagos, se espera que el 46% de la población realice envíos o pagos por transferencia electrónica, y que el 81% de las micro y pequeñas empresas acepten pagos digitales. La aceptación de pagos con tarjeta por parte de MiPymes también crecerá al 62%. Para las mujeres, la meta específica es que el 80% tenga al menos un producto financiero, consolidando el esfuerzo por la inclusión con perspectiva de género.

¿Cómo se cerrarán las brechas de acceso en localidades rurales?

La Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2025-2030 también establece como prioridad la digitalización de los servicios, buscando que el uso de aplicaciones móviles para consultar saldos o hacer movimientos crezca del 61.9% de la población adulta actual al 72%. Una de las principales líneas de acción es cerrar las brechas de acceso para poblaciones históricamente marginadas. Las metas se centran en aumentar el porcentaje de población con al menos un producto financiero, con lo que la población indígena pasará de 69.8% a 77%, mientras que las mujeres indígenas deberán alcanzar el 71% de acceso, desde un 63.3% actual.

De manera similar, se busca que las localidades rurales eleven su tenencia de productos financieros de 67.9% a 75%. En el ámbito productivo, la meta es que el 46% de las empresas lideradas por mujeres reporten contar con algún crédito u operación, un incremento de casi cuatro puntos. También busca reforzar la confianza y la infraestructura de pagos. Se pretende asegurar que la población perciba mayor seguridad al guardar su dinero en instituciones financieras, con una meta: 66% y que considera que las quejas y reclamaciones se resuelven eficientemente, con una meta de 59%. Respecto a la infraestructura, se busca que el 72% de los municipios más pequeños cuenten con un corresponsal o comisionista, y se promoverá el uso de tarjetas o transferencias electrónicas para los beneficiarios de programas sociales, incrementando su uso del 22% al 27%.