No bastan sólo las buenas intenciones

gilberto.banda@elmanana.com

Mientras en México persista la inseguridad pública y la ausencia o pasividad para aplicar un verdadero Estado de Derecho, no habrá programa de crecimiento económico bien intencionado que presente buenos resultados si no se da prioridad gubernamental a atender y combatir eficientemente la inseguridad en forma constante, inteligente, frontal y responsable pero que, al hacerlo, se visualice la no afectación a la industria, comercio, servicios y la población, afirmó Federico Alanís Peña, presidente de la delegación Reynosa de la Canacintra.

Y añadió: “los empresarios mexicanos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), otras Cámaras y Asociaciones empresariales del país, insisten que para lograr un crecimiento real y potenciar a nuestra economía en todos los estados y regiones no bastan las buenas intenciones ni una buena popularidad. sino que, es necesaria la cooperación real vinculada entre los empresarios y los gobiernos para incentivar y multiplicar la inversión productiva en forma continua y para ello, los empresarios mexicanos cooperaran con el nuevo gobierno para que crecimientos económicos alcancen no tan solo el crecimiento del 2.0 del Producto Interno Bruto que el actual gobierno ha estimado para este 2019, sino que, habrá que ambicionar a corto plazo un crecimiento del 3.0 a corto plazo y de 4.0 por ciento del PIB  a mediano plazo; y así, aportar a la reducción de la pobreza y como consecuencia lograr crear más y mejores empleos; y para que esto se dé, se requiere desde un inicio reafirmar:

1.- La Estabilidad Macroeconómica lograda a la fecha, mediante la continuidad a los planes y controles económicos eficientes y sólidos a largo plazo para que con ello, se dé certidumbre a los inversionistas y donde una verdadera autonomía e independencia del Banco de México debe prevalecer ya que con esto, se generaría una imagen real y positiva de nuestro país ante los propios inversionistas tanto, nacionales como extranjeros, y hacia las empresas calificadoras y a la población mexicana en general.

2.- La confianza hacía los inversionistas mediante incentivos a la inversión productiva, a la innovación, a la creación de infraestructura de laboratorios de prueba de productos y a la re inversión de utilidades de parte de los empresarios que integran las MiPymes y las grandes empresas mexicanas; por supuesto que, se requiere que el sector gobierno en toda su extensión dé certidumbre jurídica a estas inversiones o re inversiones y a los proyectos de obras públicas y privadas que se contemplen en el Plan Nacional de Desarrollo en ejercicio.

Estos incentivos, buscan atraer inversiones estratégicas, alentar inversiones en campos inexplotados y darle una mayor rentabilidad a la industria, con la meta principal de generar mayores crecimientos y más y mejores empleos.

Se aclara, las inversiones seguirán llegando a México, pero si estas se desincentivan vía cancelación de proyectos ya evaluados o en proceso y no se presentan proyectos alternativos oportunos de solución aceptables o no se rectifican o ajustan por no reconocer errores o se actúa en forma lenta, etc., seguramente, algunos inversionistas se alejaran de nuestro mercado nacional desafortunadamente y por ello, las inversiones no serían de la magnitud que deberían de ser para el tamaño y necesidades de nuestro país.

Además, es de suma importancia para México y la atracción de inversiones, que el nuevo gobierno disminuya su incurrencia en hacer a un lado o “minimizar” las bases técnico profesionales sobre asuntos y proyectos importantes que el país requiere y en su lugar afianzar sus decisiones importantes en la innovación, en las nuevas tecnologías, las técnicas realistas, las bases con fundamento, etc.

El abuso de estas consultas, no favorecen en nada a las consideraciones de los inversionistas para dirigir su dinero hacia México; por el contrario, aportan a que sus inversiones giren hacia otros países.

Estos conceptos, no son de flagelo empresarial ni de malos deseos para nuestro país, sino de, “alertas” que tiene que considerar el actual gobierno en toda su extensión para actuar oportunamente como corresponda y evitar lamentaciones costosas posteriores y dentro de estas se encuentra la falta de seguridad para conservar o conseguir un trabajo formal cuando se cancelan obras o proyectos.

No hay que olvidar que, detrás de estos conceptos se encuentran las empresas calificadoras a nivel internacional a las que en ningún momento habrá de desestimar o demeritar sus dictámenes – nos guste o no nos guste-; sino que, habrá que tomarlos en cuenta – en lugar de descalificarlas- y actuar o tomar el reto como corresponda; ya que, en la realidad histórica estas calificadoras tienen un alto grado de influencia en el poder crediticio con el que un país necesita contar para soportar el interés y decisiones de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros.

3.- La aplicación y ejercicio de un verdadero Estado de Derecho bajo el marco regulatorio vigente – sin desvió alguno; ya que, las Leyes son para aplicarlas y no para ser negociadas- para que, con ello, se garantice lo invertido y lo por invertir.

4.- Un combate inteligente contra la Inseguridad, la delincuencia, la impunidad como motor de la corrupción, el crimen, el robo de mercancías y unidades de transportes, el robo de combustibles, el bloqueo de vías de comunicación donde transitan mercancías de los industriales, la violencia, la piratería, el comercio ilegal de mercancías y contrabando, males que, limitan el desempeño y crecimiento del país.

El enfrentamiento a estos ilícitos, debe realizarse mediante una estrategia integral inteligente y oportuna en su aplicación para no afectar a la población con los actos inherentes a esta campaña.

Y, en definitiva, también se requiere la disminución drástica e inmediata del sector de la informalidad que al cierre del año 2018 que acaba de terminar, registró a 30 millones 700 mil personas - el 56.6 por ciento de la Población Económicamente Activa -, que no aportan lo correspondiente al país- económicamente hablando-, como lo hace el sector formal.

Por otro lado, Alanís Peña, que también es consejero nacional de la Cámara de los Industriales, dijo que se hace necesario que la Administración General de Aduanas lleve un control eficiente en las aduanas de nuestro país evitando siempre los actos de corrupción, actos que, cooperan y se asocian al ingreso de productos fuera de cualquier normativa que producen un daño enorme a nuestro país en todos los aspectos a través del comercio ilegal de mercancías.