No aprueban las cuentas públicas
Febrero 12, 2021 -
Las sanciones que se pueden aplicar a alcaldes, gerentes y directores del DIF pueden ser desde carácter político, civil, administrativo o penal
La Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas mantiene bajo investigación a 65 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos alcaldes, gerentes de compras o directores del DIF municipales al no pasar la verificación de la cuenta pública de los años 2018 y 2019.
Las compras de: Xicoténcatl, Victoria, Valle Hermoso, Tula, Soto la Marina, Reynosa, Palmillas, Ocampo, Nuevo Morelos, Miguel Alemán, Mier, Mante, Jiménez, Jaumave, Hidalgo, Díaz Ordaz, Guerrero, González, Gómez Farías, Camargo, Antiguo Morelos, Altamira, entre otros, son los que no aprobaron la verificación.
En los Sistemas DIF de Madero y Río Bravo no se aprobó la cuenta pública del año fiscal 2018, mientras que en el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo de los años 2018 y 2019 tampoco se aprobaron sus cuentas.
En el año fiscal 2019 las cuentas públicas del programa Impartición de Conciliación y Arbitraje Laboral realizado por la Secretaría del Trabajo, además de la Universidad Politécnica de la Región Ribereña del 2018 son parte de las entidades de gobierno a las que no se les aprobaron los gastos.
De acuerdo con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Tamaulipas será a partir de hoy cuando la ASE inicie los procedimientos correspondientes e informe al Congreso de Tamaulipas el estado de éstas.
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En total son poco más de mil 200 millones de pesos los que están pendientes de esclarecer por parte de los exfuncionarios públicos de las administraciones 2016-2018 y los que se encuentran en funciones actualmente.
“Se instruye a la Auditoría Superior del Estado, para que inicie el procedimiento correspondiente, e informe al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en los términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas” indican los acuerdos.
Las sanciones que se pueden aplicar pueden ser desde carácter político, civil, administrativo o penal, esto dependiendo de si los responsables acuden a esclarecer las omisiones hechas.