Narcos mexicanos, “actores cada vez más relevantes”

Lo que nadie había hecho, hasta ahora, es dedicar una tesis de posgrado a analizar el impacto que tienen grupos criminales, como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Jalisco Nueva Generación, en el posconflicto colombiano –como se conoce a la etapa que siguió a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, en 2016– y en la implementación de ese pacto que puso fin a una guerra interna de 52 años.

En su trabajo, Zuluaga Gómez concluye que los cárteles mexicanos de la droga son “actores cada vez más relevantes” del posconflicto colombiano porque son la principal fuente de financiamiento de las nuevas estructuras armadas que han llenado los vacíos que dejaron en los territorios las desaparecidas FARC.

También porque sus relaciones con las bandas criminales colombianas, que les suministran toneladas de cocaína para abastecer los mercados de Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, son un “factor de desestabilización” en las zonas cocaleras donde se concentran los nuevos fenómenos criminales surgidos tras la firma de los acuerdos de paz.

La autora señala que “los cárteles mexicanos juegan un papel claramente protagónico y cada vez más relevante en el posconflicto”.

En la tesis con la que obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, Zuluaga Gómez señala que la falta de presencia del Estado en los territorios cocaleros y los vacíos que dejaron las FARC en esas áreas al transitar hacia la vida legal “han sido cubiertos por nuevos actores armados cuya principal fuente de financiamiento es la coca y cuyos clientes principales son los cárteles mexicanos de la droga”.

“La enorme cantidad de recursos que estas organizaciones trasnacionales transfieren a las bandas que operan en las regiones cocaleras de Colombia alimenta la violencia que ha surgido en el posconflicto y obstaculiza la implementación del acuerdo de paz”, sostiene el trabajo.

Señala que la Defensoría del Pueblo de Colombia (organismo nacional de defensa de los derechos humanos) ha constatado desde 2018 “la presencia de cárteles mexicanos en zonas donde bandas criminales que trabajan para ellos incurren en homicidios selectivos, masacres, reclutamientos forzados de menores de edad, y asesinatos de líderes sociales, activistas humanitarios y excombatientes de las FARC incorporados a la vida legal”.

“Gerentes en terreno”

En entrevista con Proceso, Zuluaga Gómez indica que los cárteles mexicanos no actúan directamente con estructuras armadas en esas zonas, pero sí con “gerentes en terreno” o “delegados” que hacen las transacciones de droga “con las organizaciones delictivas que están generando nuevos tipos de violencia que sustituyeron a las que ejercían las FARC para mantener el control de los territorios y del negocio de la coca”, el cual ha sido el combustible de la guerra interna en Colombia desde los ochenta.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo y cubre las dos terceras partes de la demanda global de esa droga: unas mil 200 toneladas al año.

“Esa cocaína la manejan principalmente los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que son los de mayor presencia en Colombia, y el control que tienen sobre la producción los convierte en factores que inciden en las dificultades que enfrenta la implementación de la paz”, asegura la autora.

Una barrera que enfrenta el pacto de paz es la violencia. Entre el 1 de enero y el 24 de diciembre de 2021 fueron asesinados en Colombia 168 líderes sociales, varios de ellos por estar involucrados en programas de sustitución de cultivos ilícitos, y 48 exguerrilleros de las FARC incorporados a la vida legal, según registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, han sido asesinados mil 283 dirigentes sociales, cinco cada semana en promedio, y 289 firmantes de la paz, casi cinco cada mes.

El presidente de Indepaz, Camilo González Posso, señala en la tesis de Zuluaga Gómez que no se puede decir que los responsables de los asesinatos de líderes sociales sean los cárteles mexicanos de la droga, pero sí es un hecho que esos cárteles son los que empoderan con dólares y armas a las estructuras criminales responsables de esos asesinatos.

Esa violencia, sostiene González Posso,­ se debe a los conflictos que se producen cuando líderes de los territorios se involucran en programas de sustitución de cultivos de hoja de coca o se oponen al reclutamiento de menores, y en el trasfondo de ese fenómeno “por supuesto que están los delegados mexicanos que vienen a controlar la calidad de la droga y a cerrar negocios que dejan mucho dinero a esas estructuras criminales violentas”.

Citada en la tesis, la senadora Aída Avella asegura que la masacre de líderes comunitarios y exguerrilleros es un fenómeno que desafía la consolidación del proceso de paz.

“Aquí está en marcha un proceso de aniquilamiento de la dirigencia social en el que los cárteles mexicanos están jugando un papel como financiadores de las estructuras armadas que están asesinando dirigentes”, indica Avella en la tesis dirigida por el profesor de historia de América de la universidad española de Salamanca, Guillermo Mira Delli-Zotti.

Entre los grupos armados a los que se refiere la senadora y presidenta de la Unión Patriótica (UP, un movimiento casi aniquilado por grupos paramilitares en los ochenta y noventa) se encuentran el Clan del Golfo, Los Puntilleros, Los Caparrapos, Los Rastrojos, La Constru y las Autodefensas Unidas del Pacífico, que tienen en común “algún tipo de relación con los cárteles mexicanos de la droga, de los que reciben armas”.

Zuluaga señala que a esta lista hay que sumar a las disidencias de las FARC, que son escisiones de ese grupo que no se acogieron al proceso de paz y que cuentan con varios núcleos en Colombia y en el occidente de Venezuela, y al guerrillero Ejército de Liberación Nacional.

“En Colombia tenemos un incremento muy importante en la presencia de organizaciones mexicanas del narcotráfico que vienen a asegurar el abastecimiento de cocaína. Esto es un tema de preocupación mayor en el gobierno por sus implicaciones para la seguridad nacional”, señala.

Dice que además de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, en Colombia operan “delegados” de grupos remanentes de Los Zetas, el Cártel del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva.