Narco y huachicol frenan entrega de apoyos sociales de AMLO

Ante la operación de grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico, robo y venta de hidrocarburos, y asalto a transportistas, los servidores de la nación responsables de promover los programas sociales del gobierno federal han suspendido sus actividades o las realizan de manera intermitente en al menos 50 municipios del país.

Derivado de un conicto político-social encabezado por la organización Codedi [Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas], en el que uno de los líderes manifestó que no permitirán el ingreso de instituciones de seguridad pública, así como a trabajadores del gobierno federal, estableciendo ltros en las entradas al municipio para el desarmar a cualquier persona que intente ingresa, los servidores están impedidos para trabajar. “Nos encontramos en una situación de no poder asistir a dicho municipio, ya que arriesgaríamos la integridad de los servidores de la nación”, subraya el informe sobre Santiago Xanica, donde los empleados del gobierno no han ingresado desde septiembre del año pasado.

El objetivo de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar la pobreza e inhibir que la gente de más bajos recursos cometa actos delictivos; sin embargo, siguiendo el reporte de la Secretaría de Bienestar, se observa que es la misma violencia la que se resiste a que las personas reciban ayuda ocial. Al igual que en Tamaulipas y Puebla, en los estados de Sonora y Durango los servidores de la nación han sido amenazados con que no entren a algunos poblados, además de que las balaceras entre los grupos de la delincuencia organizada hacen que los empleados del gobierno interrumpan sus actividades o desistan de acudir a determinados lugares o colonias. Caso contrario es lo que ocurre en Chiapas, donde la violencia es originada principalmente por conictos comunitarios como usualmente ocurre en Oaxaca. Incluso ahí, en el municipio de Tila, se señala al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por no permitir que la gente acceda a los programas sociales. “Quienes ganaron una resolución agraria, lo que originó un conicto social expulsando al ayuntamiento, defendiendo un proceso de autonomía adheridos a la cuarta campaña del EZLN, por lo que no permiten que instituciones del gobierno ingresen a su territorio, recurriendo a la atención de los servidores públicos con el n de evitar esos conictos, se optó por no entrar al no tener las condiciones de seguridad”, se dice sobre Tila en el informe del gobierno federal. Sobre otras localidades, el informe señala que en Chiapa de Corzo “la gente no deja entrar porque no quieren los apoyos federales”. En ocho comunidades del municipio Bochil no se puede ingresar debido a que hay conictos sociales y presencia de “una aparente delincuencia organizada”.

Esta casa editorial no sólo publica los contextos de violencia en los que trabajan los servidores de la nación, sino que también ha señalado que durante el año anterior este cuerpo de apoyo social trabajó en un limbo laboral. De esta manera, los promotores de los programas sociales, al menos en 2019, estuvieron expuestos incluso a la muerte, pese a que sus salarios no tenían un sustento legal ni tampoco su actuar.