Mueren 16 en combates entre ELN y las FARC
Enero 04, 2022 -
La identidad de las víctimas no fue confirmada, los cuerpos continúan en las morgues
Bogotá
Al menos 16 personas murieron tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Colombia en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informó el lunes la Defensoría del Pueblo.
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La identidad de las víctimas no fue confirmada, sin embargo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que los cuerpos permanecen en las morgues dónde se evaluará la causa de los decesos.
Las confrontaciones entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que comenzaron el domingo serían por el “control de las economías ilícitas” en la frontera, indicó el Ejército en un comunicado.
El alcalde de Arauquita, Etelivar Torres, advirtió en una declaración difundida a la prensa que el número de muertos podría ser superior, 21 personas, según información que recibió de los personeros, quienes son veedores de derechos humanos del Ministerio Público.
La Defensoría del Pueblo advirtió que han identificado a 12 familias que se están desplazando dentro del mismo departamento para huir de las confrontaciones.
La Iglesia católica hizo un llamado a los grupos ilícitos para que excluyan a la población civil de las hostilidades. “Pedimos que se preste la debida asistencia a los heridos, que se respete la vida e integridad de los retenidos y se dé trato digno a los cuerpos de los fallecidos”, instó el obispo de la diócesis de Arauca, Jaime Cristóbal Abril, en un comunicado.
Advierten de riesgo
- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado a través de Twitter para asegurar el respeto al Derecho Internacional Humanitario e instó a proteger a la población civil y activar los planes de contingencia.
- Además, la oficina de la ONU pidió cumplir con recomendaciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo en alertas tempranas en las que advertía del riesgo inminente que corrían más de 69.000 personas de la sociedad civil, entre las que se incluyen poblaciones de especial protección como los ndígenas, por la escalada de violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC.