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Motín en un centro de menores de Guatemala deja al menos dos muertos

Seis trabajadores permanecen retenidos en el correccional, situado cerca del albergue en el que 40 niñas fallecieron hace 10 días en un incendio

Al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, le llueve sobre mojado. Diez días después de que en una revuelta en un Hogar Seguro Virgen de la Asunción, 41 adolescentes, todas mujeres, murieran calcinadas en un suceso todavía no esclarecido, un nuevo motín de jóvenes vinculados con la Mara 18 —una de las pandillas más violentas del país— en un centro de detención para menores ha dejado un saldo parcial de dos monitores muertos a golpes y al menos cinco guardianes heridos.

Dos jóvenes intentan huir de un centro de menores. E. B. EFEMotín en un centro de menores de Guatemala deja al menos dos muertos

Según los escuetos datos conocidos, la protesta inició al filo del mediodía hora local, cuando finalizaba el horario de las visitas. Los descontentos exigen que se traslade a ese centro a los adolescentes que todavía están recluidos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, escenario de la tragedia del 8 de marzo. Ambas instalaciones están situadas en la misma localidad.

De acuerdo con los datos de la Policía, son 47 los adolescentes recluidos en el centro de detención de menores en el que se ha producido el motín de este domingo y unos 26 de ellos son los que dirigen la revuelta. Los jóvenes reclaman la presencia en el lugar de delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos (oficina del defensor del pueblo) y de la Fiscalía.

Cuando todo parecía que el conflicto se resolvería por la vía del diálogo, a media tarde los internos lograron subir a los techos del centro, lo que motivó que la policía utilizara gases lacrimógenos para evitar una fuga masiva.

En el perímetro del centro se encuentran unos 200 agentes especializados en este tipo de situaciones, aunque, de acuerdo a las declaraciones del jefe policial, la fuerza será el último recurso a utilizar. De momento, la tensión ha cedido y los amotinados negocian con una comisión negociadora integrada por delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil.




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