Militarización en la 4T, el espejo venezolano
Marzo 28, 2021 -
Hugo Chávez inició el involucramiento formal de los militares en la administración pública de su país al asignarles tareas del ámbito civil
Con el Plan Bolívar 2000, lanzado el 27 de febrero de 1999, tres semanas después de llegar al poder, el presidente venezolano Hugo Chávez inició el involucramiento formal de los militares en la administración pública de su país al asignarles tareas del ámbito civil, como construcción de infraestructura, operativos de salud y reparto de ayuda social.
Hoy los militares venezolanos ocupan la cuarta parte de los ministerios, la tercera parte de las gobernaciones, tienen 14 diputados, manejan medio centenar de grandes empresas públicas, un conglomerado industrial y de servicios propio y son un factor decisivo para mantener en el poder al presidente Nicolás Maduro.
Rocío San Miguel, abogada y experta en asuntos de seguridad y defensa, quien ha dedicado años al estudio del proceso de militarización en Venezuela, dice a Proceso que la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de la gestión pública en México es un asunto “muy preocupante” que debe observarse en el “espejo venezolano”.
Desde la experiencia venezolana, asegura, “los mexicanos deben estar alerta, porque cuando un gobierno le da soporte pretoriano, soporte militar, a sus políticas públicas, a sus políticas sociales, termina por partidizar a las fuerzas armadas”.
El pretorianismo, explica la especialista en política internacional de la Universidad Central de Venezuela, se entiende como la participación invasiva de los militares en las instituciones civiles y su utilización en proyectos políticos.
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De acuerdo con San Miguel, si un gobernante soporta pretorianamente áreas como la seguridad pública, el reparto de ayuda social, la construcción de infraestructura y planes de salud, “termina por dañar a la propia fuerza armada y a la sociedad, y abre una ruta para la militarización de espacios civiles”.
Esto, afirma, es lo que ocurrió en Venezuela y lo que ha ocurrido siempre que un país echa mano de las fuerzas armadas “para resolver los problemas de los políticos de turno”.
La maestra del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional de Venezuela señala que involucrar a los militares en labores de civiles termina por afectar un principio básico de la democracia: la subordinación del poder militar al poder civil.
Al final de estos procesos, señala, la fuerza armada se convierte en una megaestructura con enorme presupuesto, con las armas del Estado y con los servicios de inteligencia funcionando a su favor.
“Eso es el fin del Estado democrático”, sostiene la presidenta de la organización civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.