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Migrantes devueltos, el nuevo botín de cárteles

Esta historia es parte de la serie ‘Outsourcing migrants’, producida con el apoyo del Centro Pulitzer de Periodismo en Situaciones de Crisis

Nuevo Laredo, Tam.

Migrantes devueltos, el nuevo botín de cárteles

 Los narcos de Nuevo Laredo tienen muy claro lo que buscan cuando salen en busca de presas: hombres y mujeres sin cordones en los zapatos.

Esos pies dicen mucho de sus dueños. Son la prueba de que entraron a Estados Unidos para pedir asilo, pero lo único que lograron fue estar detenidos unos días -cuando les quitaron los cordones por cuestiones de seguridad- antes de ser tirados de vuelta en la boca del lobo, en el violento estado de Tamaulipas.

En años anteriores, los migrantes pasaban con rapidez por esta tierra de cárteles. Ahora, con las nuevas políticas migratorias de Donald Trump, se quedan ahí durante meses mientras esperan sus citas en las cortes estadounidenses, varados en las fauces del crimen organizado.

Sus historias hablan de robos, de extorsiones por parte de criminales o funcionarios corruptos, de secuestros... Narran cómo las únicas opciones con las que se enfrentan son pagar para cruzar de manera ilegal a Estados Unidos, aunque sus planes no sean esos, o simplemente para que los dejen libres.

A veces escapan de un grupo para caer en las manos de otro o puede que sean ellos mismos los que, en medio de la desesperación, buscan de nuevo a los traficantes con tal de hallar cualquier salida que no implique regresar a los países de los que huyeron.

Pero, en ocasiones, ni así salen del limbo.

Una contadora hondureña de 32 años que viaja con su hija lo sabe bien. Lleva cuatro meses atrapada en un círculo vicioso de cruces y devoluciones legales e ilegales entre los dos países que sólo han hecho crecer sus deudas y su desesperanza. “Somos una minita de oro para el crimen”, lamenta resignada desde la ciudad de Monterrey, a 200 kilómetros de la frontera estadounidense.

Tamaulipas es la esquina noreste de México. Sus peligros son bien conocidos. Es el único estado fronterizo al que el Departamento de Estado prohíbe a los estadounidenses poner el pie por ser un territorio controlado por los cárteles. Washington lo coloca en un nivel de alerta similar al de países en guerra como Afganistán y Siria.

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PASABAN DE LARGO

Hasta hace poco los migrantes pasaban de largo por estos territorios. Bien cruzaban rápido el río Bravo hacia Texas o atravesaban los puentes para solicitar asilo, un trámite que les permitía quedarse en Estados Unidos, aunque fuera en detención, mientras se les daba una respuesta.

Todo cambió con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. La frontera se ha convertido en un embudo donde cada vez son menos los que pueden entrar legalmente y más los que salen mediante el programa conocido como “Permanecer en México”, una estrategia mediante la que Washington ha devuelto a más de 55.000 personas mientras sus solicitudes de asilo deambulan, con pocas posibilidades de prosperar, por la intrincada burocracia de unas cortes estadounidenses desbordadas.

México no estaba preparado para esta afluencia de migrantes a lo largo de la frontera y mucho menos en Tamaulipas. Por eso las autoridades se han esforzado en sacarlos de esta región hacia Monterrey o incluso hasta la frontera con Guatemala. Los funcionarios dicen que es por su seguridad. Para algunos analistas, se trata de un claro reconocimiento del estado de anarquía que subyace en estas tierras.

Mientras, la delincuencia organizada se frota las manos. Ha sabido adaptarse y aprovechar muy bien este lucrativo botín desembarcado directamente en algunos de sus feudos. Familias enteras, muchas veces con niños, son tratadas como mera mercancía o cual cajeros automáticos andantes, listos para alimentar sus negocios criminales.

“Probablemente, no hay nada peor que se pueda hacer en cuanto a seguridad en la frontera”, dice Jeremy Slack, investigador de temas fronterizos en la Universidad de Texas en El Paso. “Es una auténtica pesadilla”.

REGRESA SOLO CON SU CELULAR

Yohan, un exguardia de seguridad nicaragüense de 31 años, fue devuelto a México en julio solo con su celular y una funda de plástico con una cita para solicitar asilo. Sin cordones en los zapatos ni dinero, y con su esposa y dos hijos de 10 y 2 años a su cargo, se internó en Nuevo Laredo, una ciudad dominada por el Cártel del Noreste, escisión de los sanguinarios Zetas.

Tímido y conteniendo sus emociones, sobre todo cuando sus pequeños juguetean a su lado, cuenta su historia desde un lugar en Monterrey, donde una organización le ofrece albergue, comida y trabajo mientras se resuelve su situación.

Su plan era pedir ayuda a las únicas personas que conocía en la región: sus coyotes. Le habían tratado bien, le daban cierta confianza y estaban en Ciudad Miguel Alemán, a 160 kilómetros de Nuevo Laredo y también en la frontera.

Antes de llegar a la terminal de autobuses, dos desconocidos le interceptaron mientras otro grupo bloqueaba su familia. Sólo vio a uno armado, pero no hacía falta más. Los subieron a una camioneta, les quitaron lo poco que llevaban, incluidos los zapatos.

Les dieron una oportunidad de elegir su destino: pagar por su liberación o por un nuevo cruce.

A lo largo de toda la frontera norte se han dado casos de abusos y crímenes contra migrantes, pero este año Tamaulipas vive la situación más preocupante. Es el estado por donde cruzan más migrantes de manera ilegal. También por donde el gobierno estadounidense ha devuelto a más personas a pesar del peligro: 20.700 al 1 de octubre.

El Instituto para las Mujeres en la Migración, una ONG con sede en Ciudad de México, ha documentado 212 secuestros de migrantes y solicitantes de asilo en este estado desde mediados de julio -cuando comenzó a implementarse ahí el programa “Permanecer en México”- hasta mediados de octubre.

De todos esos secuestros, 197 ocurrieron en Nuevo Laredo, una ciudad de poco más de medio millón de habitantes y que vive del comercio internacional que diariamente cruza sus puentes.

Uno de estos casos es el de Yohan quien, como otras víctimas de esta historia, pide ocultar su nombre completo por miedo a represalias.

La familia salió de Estelí, en el norte de Nicaragua, hace más de tres meses cuando los paramilitares se enteraron de que fue testigo del asesinato de un opositor a manos de funcionarios del gobierno. Comenzaron a seguirle, pintaron amenazas de muerte en los muros de su casa y tuvo que huir.

Cuando pisó territorio estadounidense, pensó que empeñar la casa de su madre para pagar los 18.000 dólares que le pidieron los traficantes había valido la pena. Ahora, arruinado y con temores por todas partes, no está seguro de nada.

Sus captores les dijeron “que eran del cartel, que no eran secuestradores, que su trabajo era cruzar gente y que nos llevarían con el pollero (otra manera de llamar al coyote o traficante) para que nos explicara las condiciones”. Acto seguido conectaron un cable al celular para sacar toda la información.

El primer impulso de Yohan fue darles la clave de sus antiguos traficantes, la contraseña con la que cada grupo distingue a “sus” migrantes. “Eso no nos vale, me dijo uno”.

La clave era del grupo contrario.

SE FRAGMENTARON

El crimen organizado en Tamaulipas se fragmentó en la última década y ahora las células operan como si fueran franquicias con contactos en todo México y Centroamérica, explica Guadalupe Correa-Cabrera, de la Universidad George Mason y experta en crimen organizado y tráfico de personas.“Son contratistas, dan un servicio, controlan el territorio, operan las casas de seguridad y cobran por todo ello”, agrega.

Los días de cautiverio de la familia de Yohan, junto a otra salvadoreña, dos cubanos y dos mexicanos, transcurrieron de casa de seguridad en casa de seguridad, aparentes domicilios particulares u oficinas en donde dormían en el suelo y mataban el tiempo intentando jugar con los niños o atendiendo la visita que les hacían los miembros del grupo encargados de hacer las llamadas de extorsión.

Sin armas visibles, eran vigilados en todo momento. Las conversaciones con sus captores le permitieron hacerse una idea de lo organizado que estaba el mundo en el que se encontraba.

“Hice confianza con uno de 16 años”, explica. “Me dijo, ‘habemos 15 polleros, el cártel nos trae a las personas aquí y nosotros las cruzamos pagando al cártel el cruce del río y todo el movimiento”.

También le contaron que tuvieron que contratar más gente. "Como Estados Unidos está deportando a tantos por aquí, los estamos capturando y se nos ha aumentado el trabajo, estamos saturados”.

Le pidieron 16.000 dólares por los cuatro. “Nos dieron una lista con muchos nombres y teníamos que depositar 450 a cada persona” y sin usar ciertas compañías, más rastreables por las autoridades.

Pero Yohan sabía que su familia nunca conseguiría tanto dinero porque estaban embargados con el primer préstamo. Sólo lograron reunir 3.000 dólares y la tensión creció.

“Los voy a entregar al cártel”, dice que les gritaba uno de los captores.

El pánico creció cuando su hijo pequeño, el único que reía ajeno a todo, se les enfermó con paperas. Consiguieron un poco de leche extra a cambio del anillito de oro de la niña, pero como el niño no mejoraba optaron por liberarlos no sin antes tomar bien sus nombres y hacerles fotos a todos. Los tendrían controlados.

“Nos dijeron que el cártel no les permite tener niños enfermos. Creo que fue por eso”.

No es cuestión de humanidad, sino de negocios, explica Correa-Cabrera. Un niño muerto puede atraer la atención de los medios y de las autoridades.

“YA PASAMOS POR LA OFICINA CHECANDO”

Después de 14 días retenidos y antes de dejar la casa de seguridad, sus captores advirtieron a Yohan que si alguien los interceptaba tenían que dar la siguiente clave: “Ya pasamos por la oficina checando”.

Entonces no sabían que sólo tendrían que pasar unas horas para que tuvieran que pronunciar las seis palabras mágicas que salvarían a toda la familia de un nuevo secuestro justo cuando iban a tomar un autobús a Monterrey. El engranaje criminal había funcionado.

Casi dos meses después, el 22 de septiembre, Yohan y su familia tuvieron que regresar a Nuevo Laredo para su cita. Aterrado, llevaba en la mano algo que lo mismo podía ser una llave de entrada a Estados Unidos como una bomba de relojería en México: la denuncia de su secuestro, que presentó en Monterrey.

La ley estadounidense permite que migrantes vulnerables no sean devueltos, pero dio igual. En cuestión de horas estaban otra vez de regreso en México, en el mismo estacionamiento del edificio de migración mexicana de la primera vez y desde cuya entrada se ven las casas de cambio, las cantinas y los ojos vigilantes al acecho de presas. Se le hizo un nudo en el estómago cuando su niña le dijo: “Papi, mire, una camioneta como la que nos agarró”.

Las autoridades mexicanas organizan traslados gratuitos para quienes quisieran salir de las ciudades fronterizas y regresarse a sus países de origen. Yohan y su familia no pensaban en volver a casa, pero pidieron al conductor que les dejara en Monterrey, donde la ONG que les ayudó estaba dispuesta a recibirlos de nuevo.

En el camino, el conductor les exigió 200 dólares de extorsión para hacerlo. Como no tenían el dinero, el chofer les dejó tirados en plena madrugada a casi cien kilómetros de su destino con otras cuatro personas. Durmieron todos apiñados en un estacionamiento para alejar el miedo.

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