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México: año perdido para la economía

López Obrador, que llegó hace un año al poder prometiendo un gran crecimiento, se da de bruces con una economía en recesión

Vista general de la avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.México: año perdido para la economía

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Incógnita, encrucijada, incertidumbre, estancamiento, freno. Si algo tienen en común todas estas palabras, y sus respectivos sinónimos, es que han sido utilizadas para describir el panorama económico de México en el último año. La segunda gran economía de América Latina tras Brasil, la gran potencia de habla hispana y puente entre las tres Américas, se asoma al abismo en el primer aniversario de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, que se celebra hoy. En medio de una coyuntura internacional desfavorable y con una política económica errática y convulsa, los motivos para festejar, al menos en ese plano económico, distan de ser muchos.

Hay algo más en común. La retórica, marcadamente grandilocuente, del mandatario y los desafíos del país en materia económica se mantienen intactos: crecer más, atajar la desigualdad y salvar el Tratado de Libre Comercio (TLC). Ninguno de los tres desafíos se ha cumplido. Atrás queda la promesa de López Obrador de que la economía se expandirá a una tasa promedio del 4% durante su mandato (seis años), revirtiendo décadas de bajo crecimiento y mala remuneración del trabajo.

Las alarmas se han disparado esta semana —aunque el semáforo rojo llevaba encendido meses— después de que se consumaran los peores augurios y la economía de la segunda potencia latinoamericana confirmase lo que muchos ya daban por hecho: su entrada en recesión. El PIB cayó un 0,1% en la primera mitad del año, tras una revisión de las cifras iniciales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un descenso que se une al del último periodo de 2018. Es solo una décima, sí, pero un mal síntoma para una economía tan abierta y conectada —tanto por el comercio como por la inversión— con la gran potencia occidental, Estados Unidos. Más aún, en plena desaceleración global.

La palabra recesión es un tabú en el Gobierno mexicano. En el Palacio Nacional evitan cualquier atisbo de ahondar en la preocupación que permean todos los análisis. “Tenemos que estar ocupados”, concedió el secretario [ministro] de Hacienda, Arturo Herrera, recientemente a este diario. “Lo que tenemos que hacer es reconocer que hay un problema de carácter cíclico y que debe ser atendido”.

Cómo atender al enfermo es también parte del problema. En el Ejecutivo cunde la sensación de que no quedan muchas opciones después de un año marcado por decisiones que han sembrado incertidumbre en el sector empresarial, como la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México. Pese a que llevaba un avance de casi un tercio en su construcción, López Obrador no titubeó a la hora de mandar al traste la gran apuesta en infraestructura de su antecesor, Enrique Peña Nieto. A este movimiento se sumó el conflicto entre el Gobierno y cuatro multinacionales por los contratos de varios gasoductos, resuelto con la mediación de importantes empresarios del país, y la fijación del presidente con Pemex. Pese a la fragilidad financiera de la petrolera estatal, que acumula pérdidas millonarias, la mayor deuda global del sector y un marcado descenso de la producción, López Obrador mantiene su deseo de relanzarla.

Ante este escenario y con el consabido desgaste que se ha acumulado en el primer año de Gobierno, su equipo económico apuesta todo al plan de infraestructuras y a la ratificación —desean que en los próximos días, antes de que termine 2019— del nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. No es de extrañar pues que, con meses de retraso respecto a lo esperado, el presidente mexicano anunciase esta semana un nuevo Plan Nacional de Infraestructuras, que se traducirá en una inversión de 42.000 millones de dólares (38.100 millones de euros) hasta el final de su sexenio, con la participación empresarial como principal valedor. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha evaluado a qué proyectos se debe dar prioridad para que arranquen cuanto antes y poder así levantar las perspectivas de crecimiento. Un intento de política contracíclica financiada, eso sí, con fondos privados y no públicos.



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