LOS ARDILLOS, EL VERDADERO PODER EN CHILAPA
En el proyecto de documental también participaba Gilberto Abundis Sánchez
Jorge Jaimes, de 18 años, trabajaba en la tortillería y tiene un hijo de dos años. Es hermano de Héctor Jaimes, antropólogo de 30 años egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). Éste fue privado de su libertad el 18 de marzo, dos meses antes que Los Ardillos tomaran la cabecera de Chilapa, que hasta hace poco se consideraba el bastión de Los Rojos, la banda rival.
El joven profesionista realizaba un documental, financiado por la Secretaría de la Juventud estatal, sobre la elaboración del pan en las comunidades del municipio.
Una semana antes de su desaparición, Héctor les dijo a unos amigos que “lo estaban siguiendo”, pues un grupo armado le exigió que “dejara de hacer la película” cuando realizaba entrevistas en una comunidad.
En el proyecto de documental también participaba Gilberto Abundis Sánchez, también de 30 años, estudiante de artes visuales en Morelia, Michoacán, y originario de Chilapa. Él fue privado de su libertad el lunes 30 de marzo, dos semanas después que Héctor Jaimes. Sujetos armados que se desplazaban en motonetas irrumpieron en su casa y se lo llevaron.
El jueves 21 de mayo se localizaron los restos del artista gráfico en las inmediaciones del panteón de la comunidad de Nejapa, a 10 minutos de la cabecera municipal. Tenía el rostro desollado. En el lugar estaban otros dos cadáveres que aún no han sido identificados.
Héctor y Jorge Jaimes Abarca siguen desaparecidos. Su madre, María del Carmen Abarca Nava, que se dedica a vender tacos en el mercado local, está destrozada.
Un recuento realizado por familiares de víctimas de la delincuencia organizada indica que en Chilapa se han documentado 101 ejecuciones entre julio de 2014 y mayo de este año; la cifra de desaparecidos aún no se ha precisado.
Durante los seis días que Los Ardillos asumieron el control de la cabecera municipal ante la inacción de militares y policías federales y estatales, al menos 30 personas fueron privadas de su libertad, pero sólo se denunciaron ante la autoridad ministerial 16 casos.
Hasta la fecha nada se sabe del paradero de los desaparecidos y la indignación de sus familiares aumenta ante la evidente omisión y la posible participación de autoridades civiles y militares en esos delitos, en complicidad con la delincuencia.
Algunas familias de víctimas de desaparición forzada no se atrevieron a presentar la denuncia porque fueron amenazadas, dice el profesor José Díaz Navarro, hermano de Hugo y Alejandro, quienes junto a tres empresarios de la construcción fueron interceptados por sujetos armados en la comunidad de El Jagüey a finales de noviembre de 2014. Los cinco siguen desparecidos.
Díaz Navarro, quien se ofreció como vocero de las familias afectadas en la cabecera de Chilapa, considera que la situación que se vivió durante la toma de la ciudad se perfila como una reedición del caso Ayotzinapa, pues fue evidente que la delincuencia actuó en contubernio con el Ejército y las autoridades, tanto federales como estatales.
Por ello, responsabiliza de esos crímenes al gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y al presidente del Congreso, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los jefes de Los Ardillos.
AUTORIDAD PASIVA
Mientras las autoridades de los tres niveles no pueden justificar que el Ejército y las corporaciones policiacas federal y estatal hayan permitido la barbarie de la banda dirigida por los hermanos del diputado local Ortega Jiménez, los familiares de las víctimas siguen presionando, a través de la denuncia pública, para exigir la presentación con vida de los desparecidos y el castigo a los responsables.
El miércoles 20, de manera sorpresiva el comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Francisco Galindo Ceballos, arribó a Chilapa y se reunió en privado con familiares de desaparecidos, pero se limitó a ofrecer ayuda en la investigación.
Cuatro días después, el gobernador sustituto Rogelio Ortega también tuvo un encuentro con ellos en las instalaciones del Seminario de Chilapa, donde enfrentó, con el alcalde priista Francisco García González, las críticas y reclamos por las omisiones de la fuerza estatal y su presunta complicidad con Los Ardillos.
Indignados, padres y hermanos de los desparecidos dieron a Ortega Martínez un plazo de 48 horas para liberar a las víctimas. También le reprocharon que hubiera “negociado” con representantes de Los Ardillos el retiro de los civiles armados de la cabecera pero no exigió que soltaran a los retenidos.
Reportes oficiales indican que de las 16 desapariciones denunciadas, cinco son de familiares del exdirector de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido por sus presuntos nexos con Los Rojos.
Y al presidente municipal García González le reclamaron que la violencia se recrudeció cuando él asumió el cargo.
Por su parte, el gobernador Ortega se limitó a justificar su encuentro con los 14 comisarios municipales que encabezaron a Los Ardillos durante la toma de Chilapa, argumentando que en las comunidades también han denunciado que la batalla entre Los Rojos y Los Ardillos ha dejado una treintena de desaparecidos y decenas de ejecuciones.
El gobernador sustituto anunció que iba a citar a los comisarios municipales para que declararan ante autoridades ministeriales sobre las desapariciones cometidas durante la acción de Los Ardillos y tolerada por las autoridades.
También dijo que crearía una comisión especial, formada por funcionarios estatales, familiares de desaparecidos y representantes de la sociedad, para dar seguimiento a las investigaciones.Pero la siguiente semana Ortega no se comunicó con las familias afectadas, que hicieron un llamado al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga directamente en la liberación de las personas retenidas y se investigue al presidente del Congreso estatal, el perredista Bernardo Ortega Jiménez, por sus presuntos nexos con el narco.
Hasta el cierre de la edición se desconocía el paradero de los desaparecidos, aunque se confirmó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, visitaría Chilapa a fin de darle seguimiento a los acuerdos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que implantó un programa de intervención psicológica, un registro nacional de víctimas, acceso al fondo de reparación y un mecanismo de trabajo social.
