Elegirán nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción

Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, informó sobre el avance en el proceso de designación del nuevo fiscal anticorrupción.

El Congreso del Estado de Tamaulipas se encuentra en la recta final del procedimiento para nombrar al nuevo titular de la Fiscalía Anticorrupción, informó Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política, a unas horas de que inicie el periodo ordinario de sesiones.

El legislador explicó que, tras la emisión de la convocatoria, se registraron 19 aspirantes, cuyos expedientes fueron revisados de manera individual por las y los diputados. Este análisis permitió realizar una depuración conforme a los requisitos legales y a los perfiles profesionales establecidos, reduciendo el número de participantes.

Derivado de este proceso, únicamente cuatro aspirantes continúan en la contienda. Ellos serán llamados a comparecer ante el Pleno del Congreso, donde se abrirá la discusión en tribuna y todos los legisladores podrán formular preguntas, expresar observaciones y aclarar dudas directamente con los candidatos.

Prieto Herrera, diputado local por Morena, detalló que esta etapa es fundamental para garantizar transparencia y asegurar que el perfil seleccionado cuente con la capacidad y experiencia necesarias para el cargo. Precisó que, una vez elegidos los cuatro finalistas, deberán someterse a los exámenes de control y confianza, con el objetivo de que el Congreso pueda realizar la designación definitiva el próximo 26 de enero, conforme a los compromisos asumidos desde diciembre.

Subrayó que se trata de un proceso riguroso, en el que los filtros aplicados buscan que la persona electa sea la más preparada para encabezar una institución clave en la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con el calendario legislativo, será el 26 de enero cuando el Congreso emita la resolución correspondiente para definir quién ocupará la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas, un cargo estratégico encargado de investigar y perseguir los delitos relacionados con el mal uso de recursos públicos y las faltas cometidas por servidores públicos.