Respaldan freno legal a la falsedad judicial
Iniciativa para sancionar a abogados que engañen a los jueces fortalece la impartición de justicia y protege derechos de la infancia, señala la abogada Cinthia Moreno Gil
Actualmente, la sanción por este delito apenas alcanza seis meses y la propuesta eleva la pena de tres a siete años.
Ante la propuesta del Poder Judicial de Tamaulipas de una reforma legal que contemple sanciones de hasta 7 años de prisión para abogados que falsifiquen o falseen información dentro de los procesos judiciales especialmente cuando afectan derechos de infancias, consideran que la medida es positiva y puede convertirse en un freno a prácticas indebidas.
Cinthia Gabriela Moreno Gil, abogada comentó a El Mañana que actualmente el Código Penal ya establece un apartado que regula las conductas y los delitos cometidos por abogados en el ejercicio de su profesión, por lo que el desempeño legal ya se encuentra normado, pero señaló que la iniciativa de reforzar las sanciones específicamente en casos de información falsa, representa un candado adicional que podría inhibir estrategias basadas en mentiras dentro de los litigios.
"Hay que dejar muy claro que el código penal actualmente ya establece ahí un capítulo que es norma las conductas de las y los abogados, delitos cometidos por abogados o patrón, entonces de entrada, ya nuestro andar diario, el desempeño profesional, sí está normado cuando se incurre en alguna de las conductas que ya establece el código penal", dijo.
Indicó que quienes contratan a un abogado depositan su confianza en la estrategia jurídica que se les plantea, lo que implica una alta responsabilidad profesional, pero reconoció que en algunos procesos se han detectado casos en los que se incorporan datos falsos de manera deliberada, lo cual genera frustración en las contrapartes y distorsiona la impartición de justicia.
"Creo que es bueno, sí considero que va a venir a ser como un candadito, una alerta para aquellos abogados o abogadas que lleven en sus litigios o que tengan por costumbre mentir en los procesos, naturalmente uno como abogado sabe cómo llevar los procesos, sin embargo, también es una realidad que quien confía su asunto en nosotros, también confía en la estrategia que vamos a ir desarrollando", expresó.
La abogada subrayó que esta situación resulta especialmente delicada en asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes, ya que las decisiones judiciales impactan directamente en su estabilidad emocional y desarrollo integral.
"Obviamente, sí me ha tocado el caso, encontrarme con mentiras y en ocasiones también es frustrante para las contrapartes ver, esto es mentira, que el abogado o la abogada sabe que es mentira, probablemente para algunos o algunas sea una alarma, sin embargo, yo te puedo decir que es una propuesta buena, que seguramente, va a ser una alerta para que llevemos nuestros litigios de manera ética, de manera profesional, apegados a la verdad, de acuerdo a los hechos que nos plantee, en este caso, las personas que nos contrata", recalcó.
Señaló que en este tipo de casos la responsabilidad del abogado va más allá de obtener resoluciones favorables como custodias o pensiones alimenticias, ya que implica proteger el bienestar de los menores y evitar que los procesos legales se construyan sobre información falsa.
"Porque definitivamente estos litigios repercuten en la en la salud emocional, en la salud física de estos niños, estas niñas, tenemos una gran responsabilidad cuando nos toca llevar esos asuntos, porque no solamente es buscar una pensión alimenticia, prohibir a lo mejor una convivencia, ganar una custodia o retener una custodia, sino que es brindarle a ese niño o a esa niña, todas las herramientas para su desarrollo", dijo.
La abogada, Cinthia Gabriela Moreno Gil, ve positiva la propuesta de reforma legal que contemple sanciones de hasta 7 años de prisión para abogados que falsifiquen información cuando se afecten derechos de las infancias.
CASTIGO A MENTIROSOS
El Poder Judicial del Estado propone una reforma para castigar a los abogados que falseen información, especialmente cuando afectan derechos de infancias.
Se buscan penas de hasta siete años de prisión.
La presidenta del Poder Judicial, Tania Contreras López, informó que enviarán la iniciativa al Congreso local para su análisis legislativo.
Actualmente, la sanción por este delito apenas alcanza seis meses y la propuesta eleva la pena de tres a siete años.
Esperan que el Congreso vote la reforma antes de que concluya enero.