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Ley de víctimas, a casi un año, no la difunden

‘Otra cosa es que se aplique’: Aída desde junio de 2014, Tamaulipas cuenta con esa legislación, dice la diputada Aída Zulema Flores

Los estados van adecuando las leyes locales para homologarla con la Ley General de Víctimas publicada por el gobierno federal, proceso que ya se llevó a cabo en Tamaulipas, indicó la legisladora.

PROPAGACIÓN. Para garantizar el acceso a los apoyos que ofrece la Ley de Víctimas debe darse a conocer ampliamente entre la sociedad.Ley de víctimas, a casiun año, no la difunden

 

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Una cosa es que esté implementada y otra que se lleve a la práctica, eso es lo más importante *Aída Zulema Flores Peña, presidenta Comisión de Justicia

El 30 de junio del 2014 fue publicada la Ley de Protección a Víctimas para el Estado de Tamaulipas y promulgada el 1 de julio, sin embargo para que se lleve cabalmente a la práctica es necesario darle mayor difusión, afirmó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Aída Zulema Flores Peña.

Los estados van adecuando las leyes locales para homologarla con la Ley General de Víctimas publicada por el gobierno federal, proceso que ya se llevó a cabo en Tamaulipas, indicó la legisladora.

 “Tamaulipas ya lo homologó, inclusive en diciembre pasado, nosotros como diputados del Congreso de Tamaulipas en el presupuesto se apertura una partida para atención a víctimas en el tema del apoyo psicológico y en la reparación del daño”.

Señaló que para que pueda estar en plena vigencia, los ciudadanos deben tener conocimiento de ellas y poder hacerlas valer en el momento en que requieran la protección.

 “Una cosa es que esté implementada y otra que se lleve a la práctica, eso es lo más importante. Como presidenta de la Comisión de Justicia, he pugnado porque debemos salir a difundir las leyes que existen en Tamaulipas, las leyes vigentes, lo que es derecho positivo y las leyes con las que cuenta la ciudadanía, para enfrentar ya sea a la autoridad  o bien para saber cómo puede acudir ante la autoridad para pedir justicia”.

Manifestó que las autoridades deberán establecer medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, para garantizar el derecho a la ayuda, atención y asistencia.



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