Latinoamérica ahoga su productividad

Jorge Osvaldo da Graça se levanta de madrugada en Mar del Plata para trabajar como albañil un mínimo de nueve horas diarias por 1.200 pesos diarios (unos 23 euros). No tiene vacaciones, ni pagas extra, ni cobertura social. “El día que me pongo malo no cobro. Pago un monotributo mínimo para cubrir la salud”, cuenta. Como él, 130 millones de personas viven de la economía sumergida en Latinoamérica. En mayo de 2017, la actividad informal superó por primera vez en el subcontinente a la que se da en África subsahariana, según el FMI, y ahora un nuevo informe del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) arroja más detalles sobre la pesada mochila que corroe la productividad.

En las economías latinoamericanas más importantes, el ingreso per capita es, en promedio, el 24% del que se da en Estados Unidos. Y el valor del producto por trabajador, un indicador clave de productividad, apenas supone el 25% del estadounidense. ¿Están las economías de Argentina, México, Brasil o Chile concentradas en sectores de baja productividad o producen bienes con procesos menos eficientes? Más bien lo segundo. Todos los sectores presentan, según el CAF, una enorme brecha de productividad frente a la referencia de Estados Unidos, pero su peso en la economía es similar al que se da en países desarrollados.

El principal factor que explica el desajuste en el continente está en la economía sumergida: para cualquier tamaño de empresa de cualquier sector, la productividad media por trabajador en los empleos no regulados es 35 puntos porcentuales menor que en los empleos legales, y eso desen-cadena todo lo demás “incluso dejando de lado el cuentapropismo”, sostiene el documento. Y lo peor es que los recursos no fluyen de las actividades ilegales a las legales por varias razones. Una de ellas es la falta de cualificación del capital humano y la maquinaria existente. La otra, el hecho de que hay una excesiva concentración de microempresas (de menos de 10 trabajadores), la mayoría irregulares. Esas microempresas concentran casi la mitad del empleo de Latinoamérica. “En manufacturas, el tamaño promedio de un establecimiento es aproximadamente la mitad del observado en Estados Unidos. Por ejemplo, en Colombia [las micropymes] representan casi el 90% de las firmas manufactureras”, dice el documento.

Una pescadilla que se muerde la cola, ya que las empresas ilegales no pueden acceder a clientes exigentes, para quienes tendrían que producir con estándares mejores, porque “estos con frecuencia requieren el respaldo de un contrato o de una factura”. Tampoco acceden a créditos empresariales, ni a programas públicos, ni crecen por no alcanzar un tamaño que las ponga en el radar del control tributario. “Tenemos abundancia de microempresas. Es ahí donde los incentivos a la informalidad funcionan más”, lamenta Hugo Ñopo, economista jefe de la OIT para América Latina y el Caribe. “Hay que pensar en soluciones de corto, mediano y largo plazo. Hay que mejorar la formación de capital humano, mejor dotación de habilidades para la gente. Para lo inmediato, hay que permitir que las empresas crezcan”. El informe del CAF desliza que una buena forma de hacerlo sería bajando impuestos. “Los incentivos para la formalidad no solo son tributarios. Se ha probado que reducir los costes consigue mejoras muy marginales. Hay que pensar más en políticas de desarrollo productivo donde la palabra clave es coordinación”, dice Ñopo. Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, cree que no hay que olvidar “que la productividad es solo un resultado de la acumulación de capital, tanto físico como humano. Por eso los planes de crecimiento regional deberían estar enfocados en la aceleración de la inversión, tanto en plantas productivas e infraestructura como en la formación de capital humano”. El coeficiente de inversión-producto, dice, “alcanzó su tasa mínima en 2017, aunque empezó a mostrar una recuperación en 2018, lo que explica el mediocre avance de la productividad”. Y en este contexto, la economía sumergida se hace mucho más atractiva para la fuerza de trabajo menos capacitada por varias razones, según el ejecutivo de Moody’s: “Evasión de impuestos, flexibilidad de horarios, ausencia de contribuciones y deducciones”.

Carlos de Sousa, economista jefe de Oxford Economics, identifica un gran problema en la población “que no está aprendiendo las habilidades que el mercado requiere y por tanto son difíciles de emplear”. Pero no cree que sea solo un tema de gasto en educación, sino más bien de inversiones inteligentes. “Un buen ejemplo de esto es Costa Rica. Un país que gasta la barbaridad del 8% del PIB en educación [España, por ejemplo, dedica el 4%], pero que igual no obtiene los resultados deseados. Muchos estudiantes costarricenses tienen puntuaciones deficientes en matemáticas y lectura cuando se les compara con países de la OCDE que dedican menos recursos”.