Las grandes vergüenzas del PRI

Laredo, Texas

Documentos oficiales, testigos de los hechos ilícitos y fuentes de los juzgados describen los procesos judiciales que los fiscales estadounidenses mantienen contra Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, exgobernadores de Tamaulipas; Jorge Torres López y Humberto Moreira Valdez, de Coahuila, y Rodrigo Medina de la Cruz, actual mandatario de Nuevo León.

A Yarrington, Hernández y Torres ya se les requisaron alrededor de 640 millones de pesos, además de mansiones, departamentos de lujo, negocios y aeronaves. A otros dos se les indaga por la adquisición irregular de fraccionamientos en zonas exclusivas y lavado de millones de dólares en bancos de Estados Unidos y de paraísos fiscales.

Dos ya tienen órdenes de aprehensión debido a que, según las evidencias, colaboraron con los cárteles del narcotráfico. Se trata de Yarrington y Hernández.

Medina, en tanto, está siendo investigado por las enormes compras inmobiliarias y operaciones financieras que realizaron su padre y su hermano. Moreira se encuentra en calidad de indiciado y próximamente será acusado de lavar “millones de dólares del erario” coahuilense que, se consigna, se robó cuando fue gobernador. Al exmandatario interino de ese mismo estado, Jorge Torres, está por vencérsele el plazo para que compruebe le posesión legal de 2 millones 800 mil dólares.

Sobresale el hecho de que sólo uno de ellos, Yarrington, tiene procesos pendientes con la justicia mexicana.

DEL NARCOTRÁFICO

Yarrington, gobernador entre 1999 y 2004, ya perdió demandas civiles en las cortes federales de Estados Unidos. Le incautaron cuentas millonarias en bancos de Texas y Bermudas, además de una aeronave, negocios y bienes inmuebles. 

Entre otras viviendas destacan un lujoso departamento en la Isla del Padre y dos residencias –una de dos niveles ubicada en un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen. La suma total de los bienes incautados es de alrededor de 7.5 millones de dólares.

Las propiedades fueron adquiridas –desde que el priista fue alcalde de Matamoros y luego como mandatario de Tamaulipas– a través de prestanombres: el empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza, el constructor Fernando Cano y su exsecretaria Cindy Chapa, con recursos que supuestamente le entregó Antonio Peña Argüelles, empresario que fungió de enlace con dos cárteles del narcotráfico, según las averiguaciones.

A Hernández Flores, titular del Poder Ejecutivo entre 2004 y 2010, también se le acusa de recibir dinero de la delincuencia organizada el cual fue depositado en bancos de Texas a través de dos testaferros: su cuñado, Óscar Gómez Guerra, y el empresario coahuilense Guillermo Flores Cordero, quien fue detenido junto con su esposa en San Antonio, Texas.

El proceso judicial C-14-178-S que se le sigue a Hernández en la Corte Federal del Distrito Sur sostiene que el exmandatario y su cuñado, con “conocimiento de las ilegalidades”, comenzaron a lavar dinero a partir del 1 de enero de 2008.

“Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos de una organización criminal transnacional, a cambio de que ésta tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas mientras fue gobernador”, precisa la denuncia.

Los sobornos suman presuntamente alrededor de 30 millones de dólares. La fiscalía federal, con autorización de la Corte, ya le confiscó cuatro propiedades: tres en McAllen, que suman 2 millones de dólares, y otra más en Austin, Texas.

LOS MEDINA

A Jorge Torres López, sustituto de Moreira de enero a noviembre de 2011, se le termina el periodo para que reclame 2.8 millones de dólares, provenientes tanto de dinero que poseía en Bermudas como en propiedades con un valor aproximado de 592 mil dólares. La Corte de Distrito Sur en Corpus Christi confiscó sus cuentas, pues se presume que los recursos fueron desviados del erario de Coahuila.

Torres López es miembro de la familia que controla el Grupo Industrial Saltillo, y junto con su esposa, María Carlota Llaguno, acumula desde hace años una fortuna muy superior a la que Estados Unidos mantiene congelada.

En cambio, la familia del actual gobernador Rodrigo Medina en menos de cinco años abandonó la clase media para volverse propietaria de dos exclusivos fraccionamientos en Texas, siete inmuebles en San Pedro Garza García y hasta de terrenos ejidales en el municipio de Mina.

“La DEA y el IRS (Departamento de Impuestos de Texas, por sus siglas en inglés) tienen una investigación abierta acerca del asunto de los Medina”, confía a Proceso una fuente de las cortes de San Antonio que solicita el anonimato.

“Hasta el momento no se han presentado cargos ni decomisado propiedades, como ya se ha hecho en otras investigaciones de lavado de dinero, como del efectivo robado de Coahuila por Humberto Moreira”, agrega.

Destaca que esta investigación comenzó cuando en Nuevo León comenzaron a divulgarse en los medios de comunicación denuncias en contra de Humberto Medina Ainslie, padre del actual gobernador.

Puntualiza: “Hemos visto varias indagatorias iniciadas de esa manera. Si sale alguien que proporcione información de robos, las autoridades comienzan a averiguar si alguien moviliza dinero de un banco mexicano a cuentas bancarias en Texas. Se mira a dónde va el dinero, si se usó para comprar una casa, autos, bienes raíces, inversión en un restaurante, etcétera”.

Se prevé que próximamente se inicie una demanda civil titulada USA vs fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch, merced a la cual se le decomisarán esas propiedades al papá de Medina, quien deberá demostrar documentalmente que las adquirió con dinero legal, concluye.