Las protestas en Myanmar resisten ante la represión violenta

Ya había más de 200 muertos verificados entre los manifestantes desde el golpe militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, según un conteo del grupo independiente Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos.

“Algunas personas heridas fueron detenidas y murieron sin acceso a atención médica, algunas personas han muerto por ser torturadas durante interrogatorios, otras que murieron baleadas en una carga fueron arrastradas sin piedad y las fuerzas de la junta no devuelven sus cadáveres a las familias”, añadió el grupo, que recogía acusaciones extendidas y creíbles.

La asociación, que sólo incluye casos verificados en sus conteos, dijo que para el martes había contabilizado 202 muertos, 2.181 personas arrestadas o procesadas y 1.862 que aún seguían detenidas o en busca y captura.

El golpe desbarató años de lentos progresos hacia la democracia en Myanmar, que languideció durante cinco décadas bajo un estricto régimen militar que supuso aislamiento y sanciones para el país.

Medios regionales y publicaciones en medios sociales informaron de nuevas protestas pacíficas el miércoles en Taungoo, Thayet, Myingyan y Madaya, todas en el centro de Myanmar, así como marchas en Tamu, situada en el nordeste cerca de la frontera con India, y en Pyay, junto al río Irrawaddy, al noroeste de Yangón.

También había nuevos reportes sobre nuevas estrategias en las protestas, como colocar hileras de carteles en las calles donde se hubieran puesto los manifestantes, una táctica descrita como “huelgas no humanas”. El miércoles se vieron protestas así en Pyinmana, un suburbio de la capital, Nayipidó, y en Naungcho, una localidad en el estado de Shan, en el norte-centro del país. Los manifestantes en Kyeemyindine, un municipio de Yangón, variaron la táctica utilizando cocos en lugar de personas, en los que habían escrito “Revolución de primavera” en birmano.

La policía en varios vecindarios de Yangón continuó el martes con sus agresivas patrullas con disparos al aire, ataques a varias personas y redadas en casas de sospechosos de manifestarse. También desmantelaron barricadas levantadas colocadas por la mañana por los manifestantes.

Era difícil calibrar el tamaño de las protestas del miércoles en Yangón, ya que el gobierno restringió más las comunicaciones y limitó el acceso a información actualizada.

El gobierno ordenó el domingo cortar las conexiones de datos celulares. El acceso a conexiones Wi-Fi, mucho menos extendido, sigue operativo, aunque algunos usuarios dijeron el miércoles que funcionaba muy despacio y resultaba difícil subir fotos o videos.

Varios barrios de Yangón llevan desde el lunes bajo una ley marcial que los mantiene bajo control pleno del Ejército, lo que también ha complicado que los manifestantes se organicen y comuniquen entre sí.

La televisora estatal MRTV anunció el martes que un miembro destacado del movimiento de resistencia, el doctor Sasa, había sido acusado de alta traición, un delito castigado con pena de muerte.

Sasa, que es médico y sólo utiliza un nombre, forma parte de la minoría étnica chin y fue nombrado enviado especial ante Naciones Unidas por el Comité de Representación Pyihtaungsu Hluttaw (CRPH, por sus siglas en inglés), formado por miembros electos del Parlamento a los que el golpe impidió ocupar sus escaños.

El CRPH, que opera de forma clandestina en el país y con representación en el extranjero, se ha consolidado como un gobierno en la sombra que reclama ser el único organismo legítimo de representación de los ciudadanos de Myanmar. La junta lo declaró como organización traidora ilegal.

Sasa está acusado de incitar al conflicto interno y actuar contra la junta, que afirma ser el único órgano legítimo de gobierno en el país pese a haber derrocado a un gobierno electo.

Sasa dijo estar orgulloso de haber sido acusado de traición “porque la traición contra la junta implica que estoy con el pueblo de Myanmar, dando mi vida por su libertad, por la democracia federal y por la justicia”.