La ONU urge a México sancionar abusos de militares

Cd. de México.

Ante la reciente creación de la Guardia Nacional, expertos del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas urgieron al Gobierno mexicano a que investigue y sancione cualquier abuso de militares.

Al emitir las "Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México", el CAT, como se le conoce al comité por sus siglas en inglés, se dijo preocupado por el nombramiento de un militar en proceso de retiro como jefe operativo de la Guardia Nacional.

"Es también motivo de preocupación la falta de claridad acerca de la normativa aplicable en cuanto al uso de la fuerza y en relación a la identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad y sus vehículos", indica el documento, hecho público esta mañana.

"El Estado parte debe velar por que se investigue de manera pronta e imparcial todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza, especialmente la fuerza letal, por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad y el personal militar, asegurarse de que se enjuicie a los presuntos autores, y que, de ser declarados culpables, se les impongan penas acordes con la gravedad de sus actos y se repare plenamente a las víctimas o sus familiares", plantea el Comité.

También pide hacer públicas las cifras de personas muertas, heridas y detenidas durante los operativos de seguridad, garantizar el mando civil de la Guardia Nacional, adoptar una ley nacional sobre uso de la fuerza y garantizar la correcta identificación de los miembros de las fuerzas de seguridad durante sus funciones.

Aunque en abril pasado, durante la sesión del CAT en Ginebra, Suiza, una representación del Gobierno mexicano que presentó cifras a la baja de denuncias de tortura, los expertos que conforman el Comité dijeron tener reservas al respecto.

"Más aún cuando el Estado parte no ha presentado dato alguno relativo al periodo 2014-2017, ni información estadística desglosada sobre las quejas registradas, las instancias ante las que se presentaron dichas quejas o el órgano encargado de su investigación", indica el documento.

"El Comité lamenta que aún no se haya creado el Registro Nacional del Delito de Tortura, previsto en la Ley General contra la Tortura".

Como aspectos positivos, el Comité Contra la Tortura de la ONU enlista la creación de leyes, aprobación de protocolos y la conformación fiscalías especializas, pero se dice preocupado por la incidencia de la tortura reportada por diversos organismos internacionales.

"El Estado parte debe pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas", pide el CAT.

Así como garantizar la realización periódica de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) y la publicación de sus resultados.

Uno de los puntos abordados por el CAT en sus observaciones finales hacia México se centra en la falta de sanciones a los acusados de actos de tortura.

El Gobierno de México informó al comité que en enero de 2019 la Fiscalía General de la República tenía 4 mil 296 averiguaciones previas y 645 carpetas de investigación por el delito de tortura.

"Sin embargo, el Comité lamenta no haber recibido información completa sobre el número de casos en los que se ejercitó la acción penal y el número de procesos judiciales y procedimientos disciplinarios abiertos por actos de tortura o malos tratos durante el periodo examinado", cuestionaron los expertos del CAT.

"Según la sucinta información proporcionada por la delegación, entre 2013 y 2018 los tribunales federales dictaron 45 sentencias condenatorias por actos de tortura, aunque no se cuenta con información sobre el estado y contenido de las mismas, ni sobre las sanciones impuestas a las personas condenadas".

Ante esta situación, el Comité pidió a México recopilar y publicar datos estadísticos sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos, condenas y penas impuestas en casos de torturas y malos tratos, tanto a nivel federal como estatal.