La desigualdad y enojo social en Latinoamérica

A raíz de la oleada de protestas en Chile, Colombia y Ecuador, el tema de la alta concentración del ingreso en América Latina volvió a ocupar los titulares. Observo, sin embargo, que hay una incongruencia entre las tendencias detectadas en el comportamiento de la desigualdad y el manifiesto descontento.

El indicador utilizado con mayor frecuencia en las bases de datos internacionales para medir la desigualdad es el coeficiente de Gini (así nombrado por quien lo propuso hace más de un siglo). Cuánto más cerca está el Gini del número cero, menor es la desigualdad. Con un Gini igual a 0.46, América Latina es —efectivamente— la región más desigual. Pero algo que muchas veces escapa a la lectura cotidiana sobre el tema, la desigualdad en Latinoamérica cayó en lo que va del siglo a una escala pocas veces observada en la historia (desde que se dispone de datos, claro está). Alrededor del año 2000, el coeficiente de Gini era igual a 0.54 o un 17% más alto que el dato más reciente de 0.46. Una caída de este porte significa que, por ejemplo, en Brasil —el país más desigual de la región— el ingreso percibido por el 10% más rico pasó de ser cerca de sesenta veces más alto que el del 10% más bajo, a menos de cuarenta veces más alto. La desigualdad disminuyó en cada país de la región, incluyendo los tres donde las protestas han sido intensas. En lo que va de este siglo, en Chile el coeficiente de Gini disminuyó de 0.53 a 0.47 y en Ecuador cayó de 0.53 a 0.44 (según datos del SEDLAC Banco Mundial y la Universidad de La Plata). Si la desigualdad experimentó una caída inusitada en el periodo reciente ¿cómo se explica el descontento social y su virulencia? Propongo algunas explicaciones que no necesariamente se excluyen sino que, por el contrario, son dinámicas que se refuerzan.

En los países de América del Sur, el fin del auge de las materias primas se ha traducido en una caída de la tasa de crecimiento del ingreso por habitante y en algunos países está en franca recesión. Por ello no nos debe sorprender que el voto popular en las elecciones presidenciales haya favorecido a la oposición en casi todos los casos ya sea que ésta estuviera más a la izquierda o a la derecha de quien fuera Gobierno cuando los tiempos se volvieron difíciles. Es un voto de protesta frente a la pérdida de poder adquisitivo, el desempleo y la erosión de beneficios provenientes del fisco. A ello habría que añadir que, en varios países, la desigualdad revirtió su tendencia de la década anterior y comenzó a subir. Esto ha pasado en, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay. El menor dinamismo económico combinado con una creciente desigualdad ha resultado en un aumento de la incidencia de la pobreza justo cuando la capacidad del fisco para ofrecer mecanismos de compensación se ha visto mermada. Combinaciones de este tipo alimentan el descontento porque la población experimenta una intensa frustración. El progreso palpable durante la primera década del siglo no se sostuvo.

Sin embargo, tal vez la incongruencia también resida en cómo medimos la desigualdad. Es decir, si la estuviéramos midiendo bien, ya no habría paradoja: el descontento iría de la mano de una desigualdad creciente. Las fallas en la medición pueden tener dos orígenes: el indicador o los datos. Es posible que el indicador seleccionado no sea el adecuado para captar la frustración de la sociedad frente a la desigualdad. El coeficiente de Gini (y todos los demás indicadores de la concentración del ingreso que se utilizan convencionalmente) miden las diferencias relativas cuando a lo mejor lo que provoca resentimiento es el crecimiento de diferencias absolutas. Si en un país todos los ingresos aumentan en la misma proporción, el coeficiente de Gini de ese país sería el mismo antes y después de dicho crecimiento. Sin embargo, en términos de poder adquisitivo, el que parte de un ingreso mayor, se beneficiará más de dicho crecimiento uniforme que quien empieza desde un ingreso menor.

¿Qué ha pasado con las diferencias de ingreso en términos absolutos? Tomemos, por ejemplo, el caso de Chile, país que —a raíz de las protestas desde octubre pasado y su inesperada virulencia— se ha vuelto foco de especial atención. Si bien el ingreso percibido por los chilenos del 10% más rico disminuyó de ser cerca de treinta tres veces más alto que el del 10% más bajo en el año 2000 a veinte veces más alto en 2017, las diferencias en términos absolutos crecieron marcadamente. Durante el mismo periodo, el monto de ingreso que recibió el 10% más rico en comparación con el 10% más pobre creció en nada más ni nada menos que un 50% (y en un 45% cuando se compara la diferencia en el ingreso del 10% más rico y el del habitante medio).

Es decir, aun cuando el sector más pobre mejoró su situación, el grupo más rico pudo incrementar cada vez más su consumo de lujo al mismo tiempo que la población pobre y las clases medias continuaron enfrentando situaciones difíciles provocadas por un contrato social donde el Estado escatima casi todo. En una sugerente columna publicada en VoxEu, Sebastián Edwards recalca cómo Chile sale mal parado en prácticamente todas las dimensiones del Indice para una Vida Mejor propuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y cómo estos factores han contribuido al malestar colectivo aun cuando la desigualdad medida en términos relativos ha caído. Creo, sin embargo, que el malestar responde a las carencias captadas por este índice —sobre todo porque se consideran injustificadas en un país que ya forma parte del grupo de países de altos ingresos— combinadas con un significativo incremento de la desigualdad en términos absolutos.