Irregulares investigaciones en caso de normalistas
Septiembre 29, 2019 -
El 26 de septiembre se cumplieron cinco años de este suceso
Ciudad de México.
Ante las fallas en la investigación, la reposición del proceso en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa debe retomar otras líneas para averiguar su paradero, señaló el abogado Vidulfo Rosales.
En entrevista con el periodista Gabriel Bauducco para Notimex, el defensor de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reconoció que el problema principal fueron las investigaciones irregulares y deficientes que realizó la Procuraduría General de la República (PGR).
El 26 de septiembre se cumplieron cinco años de este suceso en el que la policía municipal de Iguala, Guerrero, persiguió a estudiantes acusándolos de haber secuestrado unos autobuses, con saldo de nueve muertos, 27 heridos y los 43 estudiantes desaparecidos.
El abogado dijo que a toda costa trataron de construir una teoría del caso que consistía en que los estudiantes habrían sido detenidos por policías municipales, entregados a Guerreros Unidos, un grupo delincuencial que se los habría llevado al basurero de Cocula, donde fueron incinerados.
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“Esa narrativa se construyó, y hoy tenemos datos objetivos y contundentes de que la mayoría de esas declaraciones fueron obtenidas mediante tortura, la cual está proscrita del orden mexicano; es uno de los delitos más graves y no se puede tomar en cuenta para establecer una condena o procesar a una persona”, indicó.
Afirmó que “ahí estuvo la falla de esta investigación”, aunado a otras irregularidades graves que se cometieron en el proceso, por lo cual ha quedado sin sustento jurídico con las consecuencias graves para las víctimas, para las madres y padres de familia.
Sobre la liberación de personas involucradas en el caso, opinó que no es justa pero es legal, aunque muchas de ellas sí participaron en la detención y agresión a los estudiantes; sin embargo, agregó, el tema que hay que investigar es “¿a dónde los llevaron?”.
Dijo que se ensució la investigación y hoy por hoy “no hay prueba” para mantener en prisión a estas personas, pues ni la entonces PGR ni la ahora Fiscalía General de la República hicieron el trabajo para componer el proceso y ofrecer nuevas pruebas, de tal forma que se impidiera su salida.