Ir a fondo en desapariciones y dejar atrás la soberbia urgen en San Lázaro al gobierno
Octubre 09, 2015 - 06:32 p.m.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados afirmó que Ayotzinapa es una afrenta para todos los mexicanos y sus instituciones, "pero apenas es la punta del iceberg"
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano, se congratuló por la apertura que muestra la Procuraduría General de la República (PGR) para que intervengan expertos internacionales en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el año pasado enIguala, Guerrero.
Mediante un comunicado de prensa, el legislador añadió que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa representa una afrenta para todos los mexicanos y sus instituciones, “pero apenas es la punta del iceberg, porque en México existen miles de cientos de desaparecidos, muchos de los cuales ni siquiera son denunciados”.
Refrendó que las autoridades federales deben asumir con toda responsabilidad las observaciones tanto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ojeda Anguiano (PRD) aseveró que “ante los golpes de pecho que se da el gobierno mexicano, los datos duros son lapidarios, tal como lo señaló el Alto Comisionado de la ONU: 151 mil 233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, incluyendo miles de migrantes en tránsito”.
Para la mayoría de los mexicanos, dijo, es evidente la enorme impunidad que prevalece frente a los delitos denunciados, muchos de los cuales ni siquiera son investigados, “lo que ocasiona una enorme desconfianza de la población, que a su vez, incrementa las cifras negras, es decir, los delitos que no se denuncian”.
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El diputado perredista consideró contradictorio que por un lado se presuma que fueron las propias autoridades mexicanas las que invitaron a dichas instancias internacionales, y después reaccionen con descalificaciones ante los informes preliminares que han presentado sobre la situación que vive el país en materia de derechos humanos.