Involucran a Procuraduría Agraria en presunto engaño

Ana Cruz González, Magdalena Ramírez Sáenz, Alicia Mendoza Silva y Martha Martínez Fraire, son algunas de las jefas de hogar, que temen ser desalojadas.

Sergio Quiroga Ocañas.

Documentos en mano quejosos de colonia Esthelita Anzaldúa, muestran lo que desde meses atrás se venía diciendo por parte de los afectados de un presunto fraude: que las autoridades de la Procuraduría Agraria, estuvieron involucradas en acto de “mala fe” en donde se perjudicó a por lo menos 39 familias, a quienes propietaria, habría hecho firmar en blanco, contrato amañado en donde los quejosos, creyeron signaban como un instrumento jurídico de compra-venta, lo que a final de cuentas resultó ser falso.

Este asunto, que se fraguó desde hace casi cinco años, en donde a decir del asesor jurídico de la Confederación Nacional Campesina y del ejido Río Bravo, Sergio Quiroga Ocañas, se engañó con dolo a decenas de familias, pues refiere que la parcela número 14 del ejido Primero de Mayo, compuesta de 19 hectáreas, es indivisible, pues se encuentra dentro del régimen ejidal, del cual a la fecha, no se ha desincorporado.

LA RAÍZ DEL PROBLEMA

“Los convenios se celebraron con la señora Bertha Mireles Martínez, la titular de la parcela 14, y la persona que se ostenta ahora como dueño, se llama Óscar Luna Mireles. La señora Bertha, celebró convenios ante la Procuraduría Agraria aún sin ser competencia de la Procuraduría, sobre lotes, por la cantidad en ese tiempo de 35 mil pesos; la situación era que los convenios los manejaron como ‘contratos de arrendamiento, con promesa de venta’, pero ellos (los afectados) no estaban al tanto de eso pero para cuando firmaron ya era tarde y la señora pese a que estaban celebrados esos contratos, le cede a su hijo Óscar, que no debería haberlo hecho, pues ya tenía una situación contractual”.

Ahora, el hijo de la propietaria de los derechos, quiere que los posesionarios de los terrenos, firmen otro contrato por otra cantidad, luego de que los afectados, se rehusaran a pagar en calidad de arrendamiento, pues el acuerdo verbal, había sido de compra-venta.

“La gente al ver, que en realidad la parcela es ejidal, por ende indivisible, o sea que no se pudo haber fraccionado, pues la gente tuvo sus reservas y lógicamente que dejó de hacer los pagos correspondientes (de 600 pesos mensuales), ya ellos manejan la rescisión del contrato y la autoridad civil (Poder Judicial del Estado) maneja los desalojos”, no obstante que no tiene competencia en el caso, por ser de índole agraria, pues no se ha desincorporado de ese estatuto, remarcó Quiroga Ocañas.

SOLICITAN COPIA DE CONVENIOS

El defensor agrario, dijo que el día de ayer, solicitaron los afectados vía escrito, la copia de esos convenios al delegado de la PA, Jesús Miguel Ortega González, para armar su defensa ante el Poder Judicial del Estado y acreditar que esa instancia no es competente, pues ya hay cédulas de desalojo a quienes incumplieron el contrato amañado “y el delegado se negó rotundamente a firmar ese oficio, violando la Constitución, sobre el derecho de petición”, y remachó: “creemos que hay dolo y mala fe, algo turbio, creemos que el delegado está protegiendo al jefe de la residencia de la Procuraduría Agraria, que en este caso, es el ingeniero Ramón Leija”, cuya firma se muestra en uno de los polémicos contratos de una de las agraviadas: Alicia Mendoza Silva con fecha del 13 de abril de 2011.

“La Procuraduría no tenía por qué involucrarse y en una situación sobre una parcela agraria que es indivisible, no se puede dividir y esa es la defensa que queremos argumentar nosotros, ante el juzgado civil, que no es su competencia, pues estamos hablando de un derecho meramente agrario, que para eso hay tribunales especiales, entonces, necesitamos los convenios, para poder elaborar la defensa”, de los cuales, la mayoría de los afectados carecen, pues señaló esa es la ruta para detener los desalojos.

LITIGANTE SEÑALA CONFLICTO DE INTERÉS

Quiroga Ocañas incluso fue más allá a señalar que Leija labora en el despacho particular que ahora tiene demandados a los posesionarios de los lotes, “creemos que de alguna u otra forma, él está saliendo beneficiado en algún aspecto, a la vez que mostraba la firma de Leija Rodríguez en uno de los contratos a los que pudieron acceder, pues aseveró que el resto, se encuentran en la PA, y recriminó la falta de disponibilidad de esa institución para darle solución a este problema que por el momento afecta a un mínimo de 39 familias, más las que ya fueron desalojadas.

El litigante, acompañado por cuatro de las afectadas dijo que llevarán este caso ante el titular de la Procuraduría Agraria, para que sancione tanto al delegado Ortega González por su proceder y a Leija por el conflicto de interés en que se ve envuelto.

La versión del defensor, fue secundada por cuatro de las afectadas: Ana Cruz González, posesionaria del lote 92; Magdalena Ramírez Sáenz, posesionaria del lote 72; Alicia Mendoza Silva, posesionaria del lote 65 y Martha Martínez Fraire posesionaria del lote 37, quienes se dijeron afectadas por esta situación, en donde firmaron un contrato distinto al que habían acordado con Bertha Mireles Martínez, lo que consideran un engaño.

avalÓ. Contratos presuntamente amañados, fueron firmados ante la Procuraduría Agraria, según consta en esta carátula de dicho instrumento legal.