Indígenas marchan en Brasil antes de “fallo del siglo”

Miles de indígenas marcharon rumbo al Supremo Tribunal Federal de Brasil para hacer sentir su presencia frente a los ministros que tienen previsto emitir un fallo de implicaciones trascendentales para los derechos sobre la tierra.

Los ministros tienen previsto comenzar a revisar el fallo de un tribunal de menor instancia que invalidó el reclamo de algunas comunidades indígenas en el estado de Santa Catarina de lo que aseguran es su territorio ancestral. El tribunal inferior basó su decisión en alegatos de que los indígenas no ocupaban la tierra en octubre de 1988, cuando se promulgó la Constitución tras el regreso de la democracia al país. Los indígenas rechazan esa afirmación.

Los organizadores de la protesta aseguran que la decisión de la corte podría convertirse en “el fallo del siglo” porque si se invalida que 1988 sea el punto de referencia, los jueces en todo el país se verían obligados a imponer ese criterio en casos similares pendientes, y repercutiría igualmente en la suerte de un controvertido proyecto de ley relacionado que va avanzando en el Congreso.

El presidente Jair Bolsonaro insinuó el miércoles que un fallo así alentaría nuevas peticiones para que se reconozcan oficialmente centenares de territorios indígenas.

Las grupos agropecuarios argumentan que la fecha de 1988 da certidumbre a aspectos de la ley de propiedad, pero los activistas señalan que ignora el hecho de que muchos pueblos indígenas fueron expulsados de sus tierras, en particular durante la dictadura militar, o quizá carecen de medios formales para mostrar su posesión.

“El criterio no es funcional para determinar si un territorio estuvo o no ocupado tradicionalmente porque hay diversos contextos, diversos grupos que por muchas razones no estaban en sus territorios en 1988”, dijo Samara Pataxó, abogada de la asociación.

Pi Surui, de la aldea 7 de Septiembre, en el estado de Rondonia, dijo que vino a la capital para dejar claro que el territorio indígena es más que tierra simplemente.

“Es sagrado, nuestra historia, nuestra vida”, declaró Surui, de 23 años, en el campamento de manifestantes. “Tenemos derecho a tener cultivos, a vender nuestro ganado, a nuestra pesca, a vivir de forma sostenible. También nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, equilibrando nuestras necesidades y avances como seres humanos, pero sin perder nuestra cultura”.

El gobierno del estado de Santa Catarina asegura que la comunidad indígena implicada en el caso que la corte examinaría desde el miércoles “invadió” la tierra en 2009. El pueblo xokleng señala que la extensión original de su territorio disminuyó progresivamente con la invasión de los agronegocios y que ellos jamás se marcharon de la zona.

Bolsonaro ha dicho repetidamente que los pueblos indígenas controlan demasiada extensión de tierra en proporción a sus habitantes —sus territorios abarcan 14% de Brasil, principalmente en la Amazonía—, y ha manifestado abiertamente su deseo de fomentar el desarrollo rural.

En conjunción con los intereses agrícolas, Bolsonaro ha argüido que la fecha de referencia de 1988 ya quedó establecida en un fallo judicial anterior. Modificarlo ahora podría crear “caos”, dijo el mandatario el miércoles en una entrevista televisiva.

“Si eso sucede, tendremos de inmediato frente a nosotros centenares de nuevas zonas (indígenas) que demarcar”, aseguró Bolsonaro a la estación Canal Rural. “Además de las pérdidas para los productores rurales —muchos de los cuales tienen familias que ocupan la tierra desde hace más de 100 años—, esas tierras que hoy son productivas podrían dejar de serlo”.