Indemnizan a mujer por detención indebida
Rhode Island, E.U.
El gobierno federal de Estados Unidos llegó a un arreglo en una demanda presentada por una ciudadana estadounidense nacida en Guatemala, luego que un juez falló que ella fue detenida debido a su país de origen y apellido hispano, en violación de sus derechos constitucionales.
Cody Wofsy, abogado para la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que el gobierno acordó pagarle a Ada Morales 35,000 dólares y emitió garantías de que las bases federales de datos han sido actualizadas para asegurarse de que ella no volverá a ser detenida.
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“Las decisiones en este caso se han vuelto verdaderos hitos en las batallas sobre pedidos para retener inmigrantes y políticas de santuario en el país. Y eso no habría sucedido de no ser por el valor de la señora Morales de decir que eso está mal”, dijo Wofsky el martes.
EL ACUERDO
La demanda fue presentada en Rhode Island en el 2012. El gobierno federal fue desestimado del caso la semana pasada, tras llegar a un acuerdo la semana pasada. Un portavoz del Departamento de Justicia rehusó comentar sobre el acuerdo.
Morales también había demandado al estado por su detención. Ese reclamo fue desestimado, pero ella podría apelar.
Morales, naturalizada en 1995, fue arrestada por la policía estatal de Rhode Island en un caso de fraude de prestaciones sociales en el 2009. Tras su comparecencia inicial en la corte, quedó detenida por más de 24 horas debido a que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas pidió que fuera retenida.
Fue cateada desnuda y quedó detenida en la prisión estatal, algo lo que consideró la peor noche de su vida, de acuerdo con el fallo en enero del juez federal Jack McConnell.
En ese fallo, McConnel apuntó que era la segunda vez que Morales era retenida a pedido del ICE. Falló que dos empleados del servicio habían violado los derechos constitucionales de Morales contra cateos y detenciones no razonables.
“Esta detención ilegal por 24 horas revela disfunción de proporciones constitucionales tanto a nivel estatal como federal y una negativa unilateral a asumir responsabilidad por el hecho de que un ciudadano estadounidense perdió su libertad debido a un pedido migratorio de retención sin base sin que sea su culpa”, escribió el juez.