Incierto el futuro de miles de migrantes

McAllen, TX.

Ginsburg, quien murió el viernes pasado a los 87 años, fue una de los cinco jueces que decidieron en junio que el Programa de Acción Diferida para los niños que fueron traídos al país cuando eran pequeños, que fue instituido en el 2012, pudiera seguir después que el presidente Trump anunció en el 2017 que iba a dar por terminado el programa.

Aunque ese ícono liberal fue reconocida legítimamente como una defensora de las mujeres y la comunidad LGBTQ, los abogados de inmigración dicen que su pasión por el debido proceso y la igualdad civil se extendió a los inmigrantes, y su muerte podría impactar a cientos de miles de inmigrantes y sus familias en Texas.

“Debido a que esta administración está tomando una acción extrema contra la inmigración, eso ha provocado una amplia serie de casos que podrían potencialmente llegar a la Suprema Corte para su resolución”, comentó Thomas A. Sáenz, presidente y asesor general del Fondo Méxicoamericano de Defensa Legal y Educativa, o MALDEF por sus siglas en inglés.

Además del futuro de DACA, la corte pronto podría decidir sobre la regla de cargo público que presentó la administración Trump, que podría impedir que las personas se conviertan en residentes legales permanentes si van a depender de los servicios públicos.

QUEDARÍAN FUERA DEL CENSO

También se juegan la inclusión de los que no son ciudadanos en el conteo del Censo de Estados Unidos y posiblemente del futuro de decenas de miles de inmigrantes de El Salvador, Haití y otros países que actualmente viven en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal debido a los conflictos armados y desastres naturales que han ocurrido en sus países de origen.

“Muchos de esos casos podrían ser irrelevantes si hay un nuevo presidente en enero y si ese presidente rescinde muchas de esas regulaciones y cambios de política que Trump ha puesto en vigor”, comentó Sáenz, quien argumentó en el 2016 ante la Suprema Corte de Estados Unidos otra de las acciones ejecutivas del ex presidente Obama, la Acción Diferida para padres de estadounidenses y los residentes permanentes legales promulgada en el 2014, o DAPA por sus siglas en inglés. “Sin embargo, en el período inmediato, aun antes de enero, este tema acerca del censo y el conteo de indocumentados tiene que ser resuelto”.

Se espera que el presidente va a anunciar a su candidato para que reemplace a Ginsburg y hasta ahora parece que tiene el apoyo de suficientes senadores para avanzar esa nominación. Sería su tercera designación de un juez conservador y podría inclinar la balanza de la corte durante décadas.

PARALIZARÍAN LA INMIGRACIÓN

Si el presidente llena la vacante de Ginsburg con un juez que empuje a la corte aún más en “una dirección restriccionista, vamos a tener una mayor parálisis en el sistema de inmigración del país”, comentó Ali Noorani, presidente y director general del Foro Nacional de Inmigración.

“El Congreso ha sido claramente incapaz de reformar el sistema, así que nos hemos quedado con una serie de órdenes ejecutivas para que el sistema de inmigración pueden estar a la altura de las necesidades del país”, comentó Noorani. “Si Trump designa a un juez que represente su enfoque sobre la inmigración, será otro ladrillo en el muro que él desea construir entre Estados Unidos y el resto del mundo”.

En DACA, que otorga una protección de la deportación a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos al país cuando eran niños, la corte decidió anteriormente que la administración Trump no dio por terminado el programa de acuerdo a los estatutos federales. En ese momento, Trump dijo que su administración lo intentará nuevamente en base al adecuado procedimiento. Hasta diciembre del 2019, aproximadamente 107 mil texanos tenían permisos del DACA, de acuerdo a las estadísticas federales.

Sáenz comentó que las acciones que la administración realizó de inmediato después del fallo también podrían llegar ante la nueva corte rápidamente. La administración se rehusó a permitir nuevas solicitudes a pesar de la decisión subsiguiente que tomó una corte de menor jerarquía en el mes de julio que giró la orden de hacerlo. El secretario interino del Departamento de Seguridad Interna, Chad Wolf, también emitió un memorándum recortando las protecciones renovables del DACA, de dos años a uno.

Sáenz comentó que esas decisiones son cuestionables y podrían enviarse a la Suprema Corte de Estados Unidos debido a que Wolf no está calificado para ocupar ese puesto, de acuerdo a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

“Existen dudas acerca de lo que ha hecho la administración en respuesta a ese fallo, incluyendo el memorándum de Wolf”, dijo.

Jason Finkelman, abogado de inmigración con sede en Austin, comentó que la decisión que tomó la corte en junio le abrió la puerta a otro desafío de la administración en la que podría también dar por terminado el programa de DACA”, comentó Finkelman, agregando que el presidente “ha dejado muy en claro que desea hacerle la vida más difícil a los inmigrantes que vienen a este país”.

El caso TPS tomará más tiempo, pero podría llegar a la Suprema Corte, aseguró Sáenz. A principio de este mes, un panel de jueces de apelación del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones decidió por votación de 2-1 que la administración podría dar por terminada la protección para los inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán que recibieron el Estatus de Protección Temporal. Otras personas de Nepal y Honduras también podrían resultar afectadas debido a otro caso similar que está detenido y está pendiente el resultado de otro caso. Los demandantes de ese caso pedirán que el pleno de la corte de apelación escuche el caso, el cual podría extenderse hasta el próximo año.

AYUDAN A SOLICITANTES

Jackie Wilson, una abogada de inmigración con sede en Austin, que fue una de las primeras de Texas en ayudar a los solicitantes de DACA, comentó que pronosticar la manera en que la Suprema Corte decide cualquier caso no es una apuesta inteligente, citando la decisión tomada en junio como el ejemplo más reciente. Sin embargo, lo que es cierto es que la muerte de Ginsburg significa la pérdida de una juez que sopesaba cuidadosamente el equilibrio del poder estatal y federal en la inmigración y el efecto que las leyes podrían tener en los derechos civiles.

“Para ella, había una razón por la que el poder de la inmigración está reservado para el gobierno federal y que tiene que ver con la uniformidad”, dijo Watson. “Creo que para ella, era importante proteger el debido proceso en un sistema federal”.

Watson citó el disentimiento de Ginsburg con la decisión tomada en el 2011 en la que la corte decidió que Arizona podría revocar las licencias a los negocios que con todo conocimiento contrataran a inmigrantes indocumentados e instituyó el uso del sistema federal de verificación electrónica de empleo, llamada E-Verify.

Ginsburg también fue parte de la mayoría cuando la corte decidió en contra de la detención indefinida de inmigrantes que estaban sujetos a la deportación si no podían ser regresados a su país de origen, Watson comentó que también fue motivado por su respeto al debido proceso.

“A ella no le gustaba una detención prolongada, mucho menos convertirla en indefinida”, dijo Watson. “Los casos de detención en los que era realmente inflexible era en las circunstancias en las que la detención es usada y que deberían ser más moderadas”.

ELLA ERA JUSTA LUCHÓ POR LOS DERECHOS CIVILES

Watson comentó que la ley de inmigración no siempre ha sido determinada tan solo por la ideología de un juez, citando un fallo del 2004 sobre ofensas que merecen la deportación como un ejemplo de la manera en que toda la corte se unió.

Ese caso, Leocal contra Ashcroft, eliminó el manejar mientras se está intoxicado de la lista de delitos que impedían que los inmigrantes deportados lograran la naturalización. La decisión por votación de 9-0 permitió recientemente que un veterano deportado de Texas finalmente se convirtiera en ciudadano de Estados Unidos a principios de este mes.

Watson comentó que Ginsburg no sólo consideraba la legalidad del tema, sino también la humanidad.

“Había una subyacente preocupación por el derecho que tenían esas personas al debido proceso y también por sus derechos civiles”, dijo.