Incautan propiedades de Pérez Molina
Septiembre 22, 2015 - 04:22 p.m.
La justicia guatemalteca autorizó el embargo de seis fincas al detenido ex Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, como parte de la investigación en su contra por un escándalo de corrupción que le costó el cargo, informó una fuente judicial.
"Se ordenó la inmovilización de seis fincas del ex gobernante en el departamento indígena de Chimaltenango", dijo a periodistas el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, quien indicó que también fue congelada una cuenta bancaria de unos 180 mil dólares a nombre de una empresa posiblemente vinculada a Pérez.
El embargo de estos bienes se suma al bloqueo judicial de otros 640 mil dólares depositados en cuentas a nombre del ex Presidente.
Pérez se encuentra confinado en un cuartel militar en el centro de la capital, luego de que la justicia abrió un proceso penal en su contra por su presunta participación en una red que cobraba sobornos a empresarios para la evasión de impuestos en las aduanas, que según la Fiscalía capitaneaba el propio ex Mandatario.
Pérez, quien renunció al cargo el pasado 2 de setiembre, intentó la semana pasada recuperar los fondos alegando que debía pagar a sus abogados e incurrir en otros gastos, pero la gestión fue rechazada por un tribunal.
El ex Presidente es acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de la ONU, de liderar una banda denominada "La Línea" que orquestó el fraude.
La estructura, según la acusación, estaba integrada también por otros altos funcionarios, como la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en mayo cuando se ventiló el caso y está en prisión preventiva.
Las revelaciones de corrupción que involucraron a Pérez y Baldetti provocaron protestas masivas en todo el país, en las que miles de guatemaltecos demandaron la renuncia de ambos gobernantes.
Caen tres jueces por corrupción
Paralelamente, las fuerzas de seguridad guatemaltecas capturaron este martes a tres jueces señalados por actos de corrupción, entre ellos una jurista que benefició con libertad condicional a implicados en el fraude aduanero, informó la Fiscalía.
La primera detenida fue la jueza Marta Sierra, de quien se presume pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de "La Línea", a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad, dijo a periodistas Julia Barrera, vocera de la entidad.
"Se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable para los detenidos pudo responder a una negociación ilegal (...) a cambio de dinero", detalló la fuente.
Sierra conoció en primera instancia el caso de evasión de impuestos aduaneros a cambio de sobornos, descubierto en abril pasado por CICIG.
También fue capturada la jueza Jisela Reinoso por el presunto incremento injustificado de su patrimonio, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con los ingresos que devenga como empleada pública y como docente, agregó Barrera.
La jurista enfrenta cargos de lavado de dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar declaración jurada patrimonial y obstaculización a la acción penal.
Además, fue detenido el magistrado Erick Santiago, presidente de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento indígena de Quiché (oeste), sindicado por pretender cobrar un soborno de unos 1.3 millones de dólares para beneficiar a una empresa.
Según la acusación de la Fiscalía, Santiago negoció el soborno a cambio de un fallo favorable para una empresa que fue sentenciada a pagar un equivalente de 12 millones de dólares dentro de una causa civil.
