Impugnan a Tamaulipas ‘antibronco’
Julio 17, 2015 -
>La Suprema Corte admite acciones de inconstitucionalidad que frenan o limitan candidaturas independientes
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Las reformas electorales que limitan las candidaturas independientes y a los candidatos comunes en el estado de Tamaulipas ya fueron impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante tres acciones de inconstitucionalidad.
El máximo tribunal admitió ayer a trámite las impugnaciones presentadas por los comités ejecutivos estatales y grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), de Acción Nacional (PAN) y de Morena en el estado de Tamaulipas, con miras a cancelar la llamada ley ‘‘antibronco’’ que el pasado 12 de junio fue aprobada por el Congreso local.
Fuentes del Poder Judicial Federal confirmaron que se trata de los recursos 45, 46 y 47/2015, que fueron acumulados en un sólo expediente, por tratarse de los mismos hechos.
Las restricciones a los candidatos independientes se dan luego de que Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ganó en las elecciones la gubernatura en Nuevo León, imponiéndose a los aspirantes de los tres partidos políticos tradicionales (PRI, PAN y PRD).
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Uno de los candados más cuestionados para las candidaturas independientes es que se les exige a los aspirantes sin partido presentar las firmas de hasta un 3 por ciento de las personas inscritas en el padrón electoral estatal, es decir, se les obliga a reunir la misma cantidad de firmas que a un partido.
IMPUGNAN DECRETOS
De cara a las elecciones estatales que tendrán lugar el próximo 2016, PRD, PAN y Morena también impugnaron las leyes y decretos que se aprobaron en Tamaulipas en junio pasado, normativa que también restringe la competencia para los candidatos independientes y que además impone límites a las alianzas o coaliciones entre partidos.
La Suprema Corte admitió también tres acciones de inconstitucionalidad en el estado de Baja California.
En ambos casos, los Congresos de Tamaulipas y Baja California, así como los titulares de los poderes ejecutivos, en ambas entidades federativas, han sido emplazados a presentar sus argumentos en defensa de las reformas electorales cuestionadas.