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Impuestos, bloqueos e inseguridad entierran a la industria minera

Carga tributaria, paros, cancelación de concesiones e inseguridad pegan a sector; actividad hila 11 meses a la baja; sólo dos proyectos se han puesto en marcha

Aun cuando México es foco de atracción de capitales para invertir en exploración minera, la elevada carga tributaria que impacta sus costos operativos, bloqueos a minas, paros ilegales, anuncios sobre posibles cancelaciones de las concesiones, así como la inseguridad, dificultan el desarrollo del sector.

Impuestos, bloqueos e inseguridad entierran a la industria minera

La minería requiere certeza jurídica a las inversiones, Estado de derecho y mayor seguridad, de acuerdo con una encuesta entre empresarios del ramo realizada por EL UNIVERSAL durante la Expo México Minero 2019 que se lleva a cabo en esta localidad. Información pública de las empresas mineras subraya la necesidad de que las inversiones se mantengan, al menos en el mismo nivel de 2018, pues a la fecha sólo dos proyectos nuevos se pusieron en marcha: El Compas de la firma Endeavour Silver y El Regalo, de la Asociación Minera y Cooperativa de México, ambos en Zacatecas, mientras que otros nueve sólo fueron reactivaciones y expansiones.

Las perspectivas para avanzar en la cartera de proyectos para los próximos seis años suman 4 mil 426 millones de dólares (incluida la atracción de inversiones), lo que dependerá de decisiones en materia de política del gobierno y de la evolución de los precios de los metales. Los datos al cierre de 2018 revelan, por ejemplo, que si bien se vio un modesto crecimiento en ujo de capitales, pues el sector invirtió 4 mil 897 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 13.8% en comparación con 2017, la cifra se encuentra muy lejos de lo invertido en 2017 — 8 mil 43 millones de dólares—, “lo que reeja la cautela para invertir en México”, coincidieron especialistas del ramo.

La inversión extranjera directa en servicios relacionados con la minería atrajo 143 millones de dólares, 88 millones menos que un año antes, “lo cual se explica porque 2018 fue un año de gran incertidumbre para las empresas”.

Al cierre de 2018, la Dirección General de Desarrollo Minero, dependiente de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, detectó que en México operan 242 empresas con capital extranjero, una disminución de 16.5% respecto del año anterior, entre las que destacan rmas de Canadá, Estados Unidos y China. El Índice de Percepciones Políticas que elabora el Fraser Institute señala que hay más conanza para los inversionistas en países mineros latinoamericanos como Chile, o su provincia Catamarca, Perú y Surinam, que en México, que se ubica en el lugar 29. Respecto del régimen scal, México no aparece en los primeros 20 lugares, mientras que en materia de seguridad, los países de la región mejor evaluados —las primeras cuatro posiciones— son Chile, Perú, Guayana Francesa y Colombia. México se encuentra en el sitio 79. Sergio Almazán Esqueda, que hasta septiembre pasado ocupó la dirección general de la Cámara Minera de México (Camimex), advirtió que si el país no se quiere ver rezagado por sus competidores, es necesario que se resuelvan diversos retos como el fortalecimiento del Estado de derecho y de seguridad jurídica, la competencia equitativa y los tramites expeditos. La inseguridad y el robustecimiento de una política minera integral que permita dar confianza a los inversionistas.

Hay desafíos que enfrenta el sector que deben ser resueltos para no perder competitividad, dijeron Almazán y Karina Rodríguez, asesora de la Camimex y de la Asociación Mexicana de Energía Eólica. Explicaron que en materia de política minera del Estado resulta imprescindible no cambiar las reglas del juego. Es necesario, agregaron, una política clara de largo plazo y evitar los mensajes no coordinados entre diferentes autoridades, pues le resta oportunidades al sector. En el rubro de acceso a la tierra, es fundamental que el Estado de derecho garantice el acceso a la misma dadas las altas inversiones requeridas cuando todos los permisos, normas, reglamentos y leyes hayan sido cabalmente cumplidos, pero al mismo tiempo evitar bloqueos y toma de instalaciones ilegales.



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