Hoy, un juicio al pasado

El Mañana / El País

El país celebra este domingo su primera consulta popular oficial, es decir, regulada por la Constitución, después de varios referendos informales. 

La consulta, que se enfrenta al fantasma de la baja participación, engloba a los últimos cinco presidentes -Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

La iniciativa, impulsada por el presidente, abre la puerta a juzgar a los exgobernantes por sus programas y decisiones, por lo que se juega más en el terreno de la confrontación política que en el de la interpretación legal. 

La votación mide el poder de convocatoria del mandatario, aunque la falta de deliberación pública y el desinterés registrado entre los electores añaden incertidumbre sobre la participación, que debe alcanzar el 40%, unos 37.5 millones de votantes, para que el resultado sea vinculante.

El debate planteado por la pregunta ha hecho saltar las alarmas de la oposición, juristas e intelectuales por sus inciertas consecuencias. La papeleta arroja una disyuntiva en la que cabe un amplio abanico de posibilidades, del fantasma del revanchismo y la persecución a la creación de una jurisdicción especial: 

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. 

El diseño del plebiscito, sin embargo, no deja claro cuáles serían los efectos de una victoria del sí. El propio presidente del Supremo, Arturo Zaldívar, explicó que “conscientemente” se reformuló la pregunta de forma ambigua y general. 

Según su lectura, “una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”. “Los procesos judiciales no se consultan”, incide, “pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia transicional”.

Las dudas más consistentes en vísperas de la votación tienen que ver, sin embargo, con la desmovilización. 

Según Francisco Abundis, director de la firma de análisis de opinión Parametría, hay tres elementos que caracterizan la jornada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que “la salida legal no necesariamente es funcional para un proceso de estas características, y este el requisito más polémico”. 

En segundo lugar, añade, hay un problema de “nivel de información sobre lo que se está votando”. Los electores no tienen claridad, a menudo ni siquiera sobre la fecha de la votación. Por último, “hay incertidumbre sobre la participación después una elección como la del 6 de junio”. Al final de un proceso masivo en el que votó más de la mitad del censo en unas elecciones intermedias se produce “un fenómeno de agotamiento electoral”. 

“Yo dudo de que el porcentaje llegue a dos dígitos, casi unos 10 millones. Eso sería un éxito”, concluye Abundis.