Guardia Fronteriza de Estados Unidos

Ciudad de México.

En los últimos 45 días, ante la mirada satisfecha del presidente estadunidense Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador echó a andar todo su aparato civil y militar para impedir que decenas de miles de centroamericanos lleguen a pedir asilo a Estados Unidos.

Bajo las órdenes del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon –quien selló el compromiso de reducir “significativamente” el paso de refugiados por el país–, se endureció la presencia militar en las fronteras sur y norte. En junio, la Guardia Nacional (GN) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 30 mil centroamericanos y deportaron a 21 mil 912. Muchos viajaban en familia, a menudo con bebés.

El ritmo de deportación –un promedio de 730 personas por día– rebasa en 31% el registrado en mayo de 2015, cuando alcanzó su mayor intensidad la estrategia de contención migratoria conocida como Plan Frontera Sur, que lanzó la presidencia de Enrique Peña Nieto. Esa estrategia incrementó los abusos y la violencia contra los migrantes y, a decir de defensores de derechos humanos, obligó a muchos de ellos a seguir rutas más peligrosas.

En Chiapas, Veracruz y Tabasco, elementos de la GN instalaron retenes e intensificaron los patrullajes; efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) se apostaron en las orillas del río Suchiate para repeler a los migrantes que cruzan en balsas; se multiplicaron los operativos y las redadas en hoteles y casas particulares, mientras que los hoteleros y transportistas fueron amenazados con penas de cárcel si prestan sus servicios a personas indocumentadas.

A la par, Washington intensificó su programa conocido como “Quédate en México”: en junio las autoridades estadunidenses devolvieron a 9 mil 91 solicitantes de asilo centroamericanos (303 por día) a los “puntos de retorno” del lado mexicano de la frontera, donde aguardarán a que un juez de migración del vecino país determine si les otorga el estatus de refugiado.

López Obrador se negó a enviar una nota diplomática a Washington para reclamar una serie de medidas que adoptó la administración de Trump contra los migrantes en semanas recientes. 

Éstas incluyen redadas para deportar a 1 millón y medio de indocumentados y la entrada en vigor de una nueva orden que impide a los extranjeros pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos si no lo hicieron antes, al menos, en México. Esta última medida fue abiertamente criticada por el parlamento de la Unión Europea, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Este lunes 22 vence el plazo de 45 días que Trump otorgó a México el pasado 7 de junio, y durante el cual el gobierno de López Obrador se comprometió a reducir “significativamente” la llegada de migrantes centroamericanos a su frontera, a cambio de que el presidente estadunidense no cumpla su amenaza de imponer un arancel general sobre los productos mexicanos.

Un día antes, el domingo 21, el secretario de Estado Mike Pompeo pasará por México, en una etapa relámpago de la gira que está realizando por la región. Se reunirá a puerta cerrada con Ebrard y le informará si Trump determinó “a su discreción” que el gobierno mexicano hizo un trabajo suficiente para frenar la migración centroamericana, que desde enero pasado creció de manera vertiginosa: más de 400 mil personas de ese origen llegaron a la frontera de Estados Unidos, la mayor parte de ellos en familia.