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Gobierno de Puebla lanza campaña para criminalizar a periodistas y activistas sociales, denuncia ONG

El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos denunció una campaña de desprestigio y golpeteo

PUEBLA, Pue. .- El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos denunció que en Puebla han lanzado una campaña de desprestigio y golpeteo en contra de reporteros y activistas sociales.

Claudia Martínez, dirigente de la agrupación, dijo que existen indicios de que esta campaña es patrocinada desde el gobierno estatal, pues coincide con el nombramiento de Ardelio Vargas Fosado a la Subsecretaría General de Gobierno, y con las acusaciones públicas que ha hecho el gobernador Miguel Barbosa Huerta de que periodistas de nota roja trabajan para delincuentes.

Gobierno de Puebla lanza campaña para criminalizar a periodistas y activistas sociales, denuncia ONG

Indicó que este jueves se publicó, a través de una página de Facebook creada exprofeso, un video donde se vincula al periodista Edmundo Velázquez, director del Portal Página Negra, con un grupo delincuencial, y con eso ponen en riesgo su vida.

En este caso, sostuvo que ya se pidió la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En los últimos días, abundó, también se ha pagado en Facebook la promoción de una supuesta nota en la que se acusa a los luchadores sociales Miguel López y Alejandro Torres, quienes forman parte del movimiento en defensa del agua en el municipio de Juan C. Bonilla, "de crear conflictos sociales y desinformar a la población".

"Pareciera que el estado está ocupando este tipo de estrategias para golpear y calumniar a defensores y periodistas, es un golpe bajo, sin duda", expresó Martínez.

Asimismo, mencionó el reciente caso del periodista Manuel Ponce de León, quien fue señalado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta en una rueda de prensa y lo acusó de estar vinculado a Antonio Valente Martínez Fuentes, a quien su gobierno acusa de ser líder de bandas que operan en Quecholac.

"El gobernador vulnera y pone de blanco a periodistas para que los maten, no debe exponer los nombres de los compañeros", reclamó, al recordar que este comunicador decidió presentar una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Ya en otras ruedas de prensa Barbosa ha hecho los mismos comentarios, donde asegura que tienen identificados a reporteros de nota roja que hablan con delincuentes y que publican información para defender sus intereses.

Martínez destacó que en Puebla se vive un clima muy parecido a lo que ocurría en los tiempos que gobernaba el panista Rafael Moreno Valle, pues en las redes sociales proliferan el manejo de "bots" y hay indicios de que se practica el espionaje.

Agregó que esto coincide con la llegada a la Subsecretaría de Gobernación de Ardelio Vargas Fosado, quien fue artífice en el sexenio morenovallista de este tipo de estrategias.

Geomatrix

Esta semana, el portal e-consulta publicó que el gobierno de Barbosa Huerta pagó 19.8 millones de pesos por la compra de equipos y capacitaciones para el programa de vigilancia israelí Geomatrix, que se usa para intervenir celulares y mensajes.

De acuerdo con este medio, la compra se hizo a través de Neolinx de México SA de CV, intermediaria de la empresa italiana especializada en la venta de software de vigilancia, Hacking Team, mediante contratos firmados el 13 de diciembre de 2019, por 18.8 millones de pesos, y el 22 de septiembre de 2020, por 1 millón de pesos.

Según el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este programa se adquirió para que la Fiscalía General del estado combatiera el delito de secuestro.


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