Genera inquietud a IP nuevo plan fiscal
Agosto 15, 2019 -
Debe ser robusto y seguro el sistema tributario
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa advirtió ayer sobre la preocupación por las legislación fiscal planteada por el Gobierno Federal, que amenaza a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente.
Sandra Guardiola Sáenz, presidente de la Coparmex local, comentó que preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias.
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Hizo un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde.
“Lo que es aún más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente, al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza”, dijo.
La presidente de Coparmex, explicó que debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática y estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder.
“De esta forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario robusto y seguro, se generaría una inquietud justificada, que pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial, cuyos niveles están en sus niveles más bajos en más de un año”, expresó.
Además argumentó la dirigente empresarial que debido a los efectos que esta iniciativa podría ocasionar, no puede ser votada sin un análisis extenso y consensuado con todo el sector productivo, por lo que es necesario construir una Ley cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre.
“En principio, combatir la defraudación, elusión y evasión fiscal es una política adecuada, sin embargo, estas reformas tan importantes no pueden ser aprobadas en “fast-track”, como se tiene contemplado y se deben revisar ampliamente, con el acompañamiento de especialistas, a fin de que no se acuse de delitos graves a empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales”, recalcó.