Familia de exfuncionaria del IMSS se enriquece con tragedia de Guardería ABC

El 05 de junio de 2009 México entero se cimbró con la noticia del incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora: 49 niños murieron, 24 resultaron con quemaduras y 80 se vieron afectados por la exposición al humo y gases tóxicos. Diez años después sale a la luz que la corrupción de este caso cruzó cualquier límite posible. Tres familiares políticos de Marcela Fimbres Ibarra, ex administradora del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), centro creado exclusivamente por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la atención de las víctimas de esta tragedia cobraron más de 10 millones de pesos como proveedores de servicios.

Ambos aparecen junto a la familia Fimbres Ibarra en la publicación del 15 de agosto de 2017 de la sección de Sociales del periódico Expreso, el segundo de mayor tiraje a nivel estatal en Sonora, durante la celebración de los XV años de la hija de Marcela.

A esta red se sumó el nombre de Ana Alicia Carrillo Navarro, también proveedora del CAICE y madre de ambos hermanos, y quien solo en un año (2017) cobró un millón 88 mil 211 pesos por productos de farmacia. A pesar de no tener ningún registro anterior como proveedora de servicios, en ninguno de los ámbitos de gobierno, Ana Alicia también consiguió un contrato por adjudicación directa en 2017 por 173 mil 536 pesos con el IMSS por otorgar el servicio de capacitación para el personal del CAICE del 16 a 22 de junio de ese año. El contrato especificaba que el proveedor cumpliría con las siguientes tareas: servicio de conferencista, material de apoyo y servicios logísticos, coffee break, alimentación y equipo de sonido y proyección para todo el evento, de acuerdo con la copia que se obtuvo a través de Compranet.

Más de una década en el IMSS

El 16 de abril de 2009, Marcela Fimbres Ibarra, una pasante en Administración del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), llegó a laborar al IMSS. En su primer puesto estuvo a cargo de atender las solicitudes de los derechohabientes, orientar sobre trámites y servicios, aplicar encuestas de farmacia y brindar talleres informativos. Cinco meses después, en octubre de 2009, fue asignada al CAICE, lugar en el que desempeñó las mismas funciones hasta marzo de 2012, fecha en la que logró escalar hasta el puesto de administradora del centro, según la información que está en su hoja de vida que se entregó por transparencia.

Con este nuevo puesto, las responsabilidades de Marcela en el CAICE aumentaron. Ese año comenzó a hacerse cargo del cálculo y trámite de viáticos; solicitud, reserva y compra de boletos de avión; trámite de apoyos a favor de usuarios del centro y el archivo de expedientes de fideicomiso. En todas estas actividades se comprobaron manejos irregulares, tanto por parte de la ASF como por los padres de algunas víctimas del incendio de la guardería que realizaron sus propias investigaciones.

Un año después de que Marcela obtuvo este puesto, también llegaron sus dos cuñados como proveedores. Omar Cuitláhuac Flores Carrillo brindó servicios de farmacia y/o dermatología al CAICE de 2013 a 2017. Los contratos que ganó fueron por nueve millones 676 mil 615 pesos. Esto lo coloca como uno de los diez proveedores del CAICE que recibió mayores ganancias. La suma es tan alta que se encuentra solo 370 mil pesos por debajo de lo que se gastó de 2009 a 2018 en atención médica y que se pagó a nombre de Hospital Cima.

En ese mismo periodo se sumó a la lista su hermano Cuauhtémoc, su contrato fue únicamente por 2013 y en la parte de la descripción del servicio sólo se especifica que es por insumos. El monto que cobró fue de 131 mil 919 pesos, de acuerdo con el catálogo de proveedores obtenido por solicitudes de información.

Ana Alicia tardó más en incorporarse al CAICE. Su nombre aparece hasta el 2017, año en el que obtuvo un poco más de un millón de pesos por servicios de farmacia. De los 15 proveedores que se incorporaron ese mismo año a este centro especializado, la madre de Omar y Cuauhtémoc es quien recibió la suma más alta.

Sin comprobantes de nada

El CAICE fue creado mediante decreto presidencial en 2009 para atender exclusivamente a los niños y niñas lesionados en el incendio de la guardería en 2009 y a sus familias directas. De 2009 hasta 2018 recibió un presupuesto de 184 millones 507 mil 325 pesos para cubrir servicios médicos, pagar viajes y hospitalizaciones para los tratamientos de los afectados y para adecuar los hogares de los niños con secuelas y sus familias.

Pero a inicios de 2017, los padres que asisten a este centro comenzaron a notar irregularidades. Estela Báez, mamá de Julio César Márquez Báez, Yeyé como lo llamaban de cariño, se percató de que mientras esperaba ingresar a una cita con su psiquiatra, una empleada de Casa CAICE surtió una receta en la farmacia interna y platicó que su hijo había sido atendido con un pediatra que era proveedor de servicio médico subrogado para las familias que se atienden en el centro.

Estela le solicitó a la Dirección General del CAICE en Hermosillo una respuesta de por qué otorgaban servicios médicos y medicinas a empleados del IMSS. El organismo no dijo nada. La misma solicitud llegó hasta las oficinas del Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS en la Ciudad de México. Tampoco hubo eco de su petición.

En agosto de 2017, la familia de Yeyé inició un proceso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para acceder a una reparación integral del daño. En el proceso llegaron otras 40 familias. La Comisión presentó gráficas en las que mostraban todo el dinero que el IMSS ya había gastado en atención médica de cada uno de los menores y sus familias. Las cifras eran exorbitantes, asegura Miguel Nava Alvarado, abogado y representante legal de estas familias.

“Había hasta nueve millones de pesos en la atención médica de 2009 a 2017 en una sola familia […] pedí que me dieran respaldo de esos números que tenían, pero no había nada. No había notas, ni facturas. Nada. El IMSS no nos los quiso dar. Tuvimos que pedir la información a través de acceso a la información y ahí fue cuando nos dieron todos los documentos y se destapó la cloaca”, cuenta Nava Alvarado.