Exhiben dudas sobre confesos
Junio 17, 2018 -
Ciudad de México
Según un oficio de la Policía de Guerrero, los cuatro implicados fueron detenidos en acciones diversas y el primero en caer brindó información para ubicar y capturar a los demás.
El problema principal, destaca la sentencia, es que no iban acompañados de los fiscales.
En este caso, el juzgador puntualizó que los agentes no están facultados para recabar información y confesiones sin la autorización del Ministerio Público.
“En ese sentido, al no estar comprobado en autos que existió una justificación para ese proceder, pudiera presumirse la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de los procesados, pues con lo que obra no alcanza para tener demostrada la legalidad de tal actuar”, señala.
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“Como consecuencia de lo anterior, dada la presunción de la obtención de sus declaraciones mediante la vulneración del derecho a la libertad (...) no es dable considerar que constituye un indicio, al no existir dato diverso que pudiera justificar las presumibles inconsistencias”.
Macedo y Berber confesaron en sus declaraciones haber asesinado y trasladado a 17 de los normalistas a Pueblo Viejo, para tirarlos en fosas clandestinas. Incluso, señalaron a las autoridades de varias fosas donde enterraban a sus víctimas.
Antúnez dijo en su testimonio que un oficial de barandilla de Iguala fue quien entregó a los 43 normalistas a sicarios de Guerreros Unidos, agentes de Protección Civil y del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Municipal, para luego desaparecerlos.
A su vez, “El Tongo” confesó al Ministerio Público ser “halcón” o vigía de Guerreros Unidos.
Los cuatro sujetos ahora liberados de la acusación del Caso Iguala fueron detenidos en los primeros días de octubre de 2014 por la Policía Estatal.