Estado, el principal agresor de la prensa

Ciudad de México.- Considerado el país más peligroso para ejercer el periodismo, México parece haber alcanzado un punto de quiebre con un arranque de año marcado por los asesinatos de tres comunicadores en dos semanas, provocando una indignación generalizada en prácticamente todo el territorio.

De acuerdo con un reporte de la organización Comunicación e Información de la Mujer, el martes 25, 65 ciudades del país atestiguaron las movilizaciones de periodistas para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de José Luis Gamboa, ocurrido en Veracruz el pasado lunes 10, así como los de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos en Tijuana, los días 17 y 23 de enero.

Con esos casos suman 148 periodistas ejecutados desde 2000, según registros de organizaciones civiles, 28 de ellos en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Es la realidad brutal en México; tan es así, que si una persona se siente afectada por una cobertura independiente y crítica, puede matar a un periodista y es poco probable que la vayan a detener, menos probable que llegue a un juicio real y menos aún a una sentencia condenatoria, y eso sólo hablando de casos de asesinatos y desaparición forzada”, sostiene Jan Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas (CPJ).

Con 12 años ejerciendo el periodismo en México y seis de ellos como representante de CPJ –organización con presencia en el país desde 1992– resalta que los últimos tres asesinatos contra comunicadores son “una consecuencia lamentable, terrible pero lógica, de todo lo que hemos visto venir en los últimos 20 a 30 años, donde el tema de la impunidad impera”.

Advierte que no cabe duda que la violencia contra periodistas en el país se disparó durante el sexenio de Felipe Calderón, y que desde entonces se ha mantenido prácticamente inalterable.

No hay  evidencia

- Jan Albert Hootsen reconoce que si bien el presidente se ha distinguido por un discurso contra algunos medios y periodistas, advierte que “sería muy equivocado decir que el gobierno de López Obrador sea directamente culpable de la violencia contra los periodistas, no tenemos ninguna evidencia de eso, en ese sentido sí es un gobierno diferente en comparación con gobiernos anteriores, pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidad en cómo reacciona la sociedad y sus seguidores, por tener un alto nivel de popularidad”

- Cita como caso emblemático las reacciones en redes sociales después que el Cártel de Jalisco - Nueva Generación lanzara un video amenazando a la conductora Azucena Uresti, en agosto del año pasado

- “Si bien el presidente condenó los hechos, ya había hablado antes contra los medios, y lo que se desató en redes sociales fueron expresiones de personas que decían que la periodista era ‘derechista’, ‘antigobierno’ y por tanto ‘se lo merece’”.

Inoperante el mecanismo de protección

Con 25 años como defensor de derechos humanos, 12 de ellos en riesgo permanente, Raymundo Ramos Vázquez se asume como “el mejor ejemplo de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, no ha funcionado”.

Amenazado, hostigado, perseguido judicialmente, blanco de campañas de difamación y estigmatización, cada día Ramos Vázquez realiza su labor como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), convencido de que, si sigue vivo, “nunca fue suerte, siempre fue Dios”.

Registrado como beneficiario del Mecanismo de Protección en 2013, cuya Junta de Gobierno no lo ha llamado a reuniones de evaluación de riesgo desde 2019, Ramos y sus colegas del CDHNL empezaron a sufrir agresiones tres años antes, cuando tomaron la representación de los familiares de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar, asesinados por miembros del Ejército en abril de 2010, en el contexto del despliegue militar en Nuevo Laredo, como parte de la “guerra contra el narcotráfico” declarada por el entonces presidente Felipe Calderón.

Ramos Vázquez identifica como responsables de las amenazas a miembros del Ejército, de la Marina, hechos por los que ha interpuesto cinco denuncias penales, dos en el ámbito local y tres ante la Fiscalía General de la República. Ningún recurso ha prosperado.

Uno de los 89 participantes en la primera ronda de consultas para la construcción de una iniciativa para una ley general en materia de protección a personas defensoras y periodistas, impulsada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Ramos Vázquez insiste en que es “la evidencia de que el Mecanismo no ha funcionado, no hay coordinación entre los estados y la federación, las fiscalías están ausentes en este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no aporta nada y mientras eso siga –la impunidad–, podemos anticipar que de aprobarse la Ley, será letra muerta”.

Defensores de los Derechos Humanos.