En riesgo la ciudadanía por padrón de telefonía

En la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) consideramos que la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Senado para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es preocupante ya que representa un riesgo para la seguridad de 122 millones de usuarios de este servicio.

De acuerdo con los legisladores que se pronunciaron a favor de la creación del padrón, el objetivo de esta medida es contribuir a la disminución de delitos como el secuestro y la extorsión; por lo que cabe recordar el fracaso que significó una iniciativa similar implementada en gobiernos anteriores, misma que derivó en la exposición de datos de millones de usuarios y la cancelación del registro.

Para contar con una estrategia que contribuya a reducir el crecimiento de delitos, no es necesario criminalizar a los usuarios, sino que es prioritario establecer un estricto control al interior de los penales, pues existen análisis que revelan que el mayor número de llamadas de extorsión, se realizan desde su interior.

De acuerdo al análisis realizado en Coparmex se considera que la aprobación de esta reforma representa un grave riesgo en materia de protección de datos personales y un retroceso para el país por las siguientes razones:

• La utilización de datos biométricos, convertirá este padrón en una base de datos sensibles con un alto riesgo de tratamiento inadecuado de los mismos.

• Existe un alto riesgo de ataques cibernéticos a la base de datos sensibles y de desviaciones de uso distintas a la finalidad para la que fueron recabados.

• Se requieren medidas de seguridad de la mayor categoría de protección para salvaguardar esa información confidencial.

• Organismos internacionales como la Relatoría para la libertad de expresión de la ONU han señalado que la vinculación obligatoria de una tarjeta SIM a la identidad de una persona es violatoria de derechos humanos.

• Debe equilibrarse la debida protección de los derechos humanos a la privacidad y seguridad de las personas con las herramientas del Estado.

• El requisito de datos biométricos para el uso del servicio de telefonía, incrementará la brecha digital en nuestro país.

• Existe una violación al principio de no retroactividad de la ley.