En materia de seguridad se anticipa un escenario de catástrofe, vaticina Durazo

Sin conocer aún “las entrañas del monstruo” de inseguridad que heredará, el próximo gobierno anticipa un escenario de catástrofe: un país convertido en un panteón, extendida corrupción e ineficiencia policial, protección política a la delincuencia organizada y una imparable exigencia de justicia.

La respuesta que se prepara es de una alta concentración de poder político y policial. La Secretaría de Seguridad será mucho más que la restauración de la de Seguridad Pública que tuvieron los gobiernos del PAN. Superior incluso a la que tuvo en su momento el poderoso jefe policial Genaro García Luna, cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa hizo de esta materia su principal política pública y le declaró la “guerra al narcotráfico”.

En sus manos quedará lo que resulte de la reconfiguración del Cisen, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y hasta el Centro Nacional de Prevención de Desastres y las tareas de protección civil.

Una supersecretaría que prefiere llamar “una estructura administrativa amplia”, con el propósito de construir una poderosa Secretaría de Seguridad –no de Seguridad Pública–, para que el gobierno subsecuente “no venga a enmendarnos la plana”, dice Durazo en entrevista con Proceso el viernes 17.

Su apuesta para la permanencia de esa Secretaría de Seguridad es “regresar de forma paulatina” a los militares a sus cuarteles y cambiar la estrategia contra la delincuencia organizada, concentrándose en sus estructuras financieras.

Justicia y verdad

Cauto en el tema de los militares, prefiere esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controvertida Ley de Seguridad Interior, y minimiza la decisión de abandonar la propuesta de crear una Guardia Nacional, en la que integraría a las Fuerzas Armadas con las policías civiles de todo el país.

Pero sabe que temas como Ayotzinapa y Tlatlaya, y otros casos en los que hay militares implicados en graves violaciones a los derechos humanos, obligarán al próximo gobierno a tomar una posición.

Tras los primeros foros con víctimas de la violencia, anticipa: “La única posibilidad de pacificar el país es con justicia y dignidad. No hay otra manera. Construir una propuesta de pacificación y reconciliación nacional tiene que ser bajo principios democráticos en un marco de legalidad y profundo respeto a los derechos humanos, teniendo invariablemente en cuenta el derecho de las víctimas a la justicia y a la verdad”.

Durazo será un secretario que por la fuerza que le va a dar el próximo presidente para que disminuya la violencia en el país estará particularmente bajo escrutinio.

“En todo este tiempo me he dedicado a estudiar el tema a fondo. He platicado con expertos, policías, investigadores y organizaciones sociales. Con sus matices, todos proponen lo mismo: combate a la corrupción, capacitación y profesionalización, mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, inteligencia, etcétera. La conclusión es que no hay un gran misterio sobre lo que hay que hacer. El gran problema es con quién”, afirma Durazo.

Menciona que en 2000 “la razón fundamental por la que sacamos al PRI de Los Pinos, yo fui parte de ese proceso” (dice sobre su colaboración con Fox) “fue el hartazgo social en virtud de los altos niveles de corrupción. Ese año el país estaba en el lugar número 53 de los índices de corrupción internacional”.

Prosigue: seis años después “del honestísimo PAN en el poder”, Vicente Fox lo deja en el lugar 70. Y un sexenio después, luego del “gobierno de las manos limpias” de Calderón, nuestro país pasó al número 100. En 2016 estaba en el lugar 123, y según cifras de 2017, que son las más recientes, estamos en el 134 de 175 países evaluados.